El caso involucra la superposición ilegal de funciones con el Proyecto Chincana y denuncias penales contra tres funcionarios de la DDC Cusco
Contraloría descubrió presuntos favorecimientos a la organización Pi Rambla Heritage para intervenir las ‘chincanas’ o túneles incas de Sacsayhuamán
Una exhaustiva investigación de control posterior realizada por la Contraloría General de la República puso al descubierto un esquema de presunto favorecimiento y graves irregularidades administrativas en la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, dependiente del Ministerio de Cultura. El órgano de control detectó anomalías insubsanables en un convenio de cooperación mutua que cedía facultades de prospección arqueológica a una entidad privada de origen español.
Superposición y Falta de Autorización
El eje de la controversia gira en torno a las «chincanas», los míticos pasadizos subterráneos de la época incaica ubicados en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. El convenio otorgado de manera exprés a la Asociación Pi Rambla Heritage se superponía directamente con el ámbito de estudio del oficial Proyecto Chincana, liderado por arqueólogos peruanos acreditados. Según las pesquisas y denuncias del equipo técnico peruano, ciudadanos extranjeros vinculados a la asociación española fueron sorprendidos realizando intervenciones y prospecciones con equipos tecnológicos georradar (GPR) sin contar con las autorizaciones formales ni los permisos del marco normativo nacional.
Funcionarios Denunciados
El informe de control halla responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios de confianza de la DDC Cusco, quienes habrían agilizado y validado los informes técnicos para dar luz verde al expediente del ciudadano español Anselmo Pi Rambla, a quien el gremio de arqueólogos locales califica de «falso investigador». Los implicados enfrentan denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la presunta comisión del delito de negociación incompatible y peculado.
Guerra por las Chincanas y Amenazas
Este destape administrativo coincide con una denuncia pública efectuada por la arqueóloga líder del proyecto peruano, Mildred Fernández Palomino, quien denunció ser víctima de un hostigamiento sistemático y amenazas de muerte dirigidas por personas vinculadas a los promotores españoles. El objetivo de este amedrentamiento, según detalló a las autoridades policiales, era forzar la paralización de las excavaciones oficiales peruanas en los sectores de El Rodadero y Muyucmarca para beneficiar y validar las teorías comerciales de la asociación extranjera.







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