Las indagaciones fiscales apuntan al presunto desvío y uso irregular de fondos del Estado a través de la entrega indebida de vales municipales.
Un nuevo caso de presunta corrupción institucional sacude la administración pública en la provincia del Cusco. El Ministerio Público formalizó de manera oficial la investigación preparatoria que involucra al exalcalde del distrito de Santiago, Fermín García Fuentes, y a los exmiembros de su cuerpo de regidores, Lucho Villasante Sutta y Avelina Pareja, esta última actualmente desempeñándose como regidora activa en la referida comuna distrital.
La disposición fiscal se sustenta en la recopilación de material documental y testimonios que advierten un presunto manejo ilícito y direccionamiento de los recursos económicos del erario municipal para fines ajenos a la ley durante un periodo de gestión anterior, vulnerando los principios de transparencia y correcto uso de los caudales públicos.
Declaración clave y entrega de vales
Dentro de los elementos de convicción incorporados en la carpeta fiscal, destaca la declaración del investigado Lucho Villasante Sutta. El exregidor admitió ante los magistrados del Ministerio Público haber recibido vales económicos en el marco de actividades promovidas por la propia Municipalidad Distrital de Santiago.
En su defensa preliminar, Villasante Sutta alegó que al momento de recibir dichos beneficios desconocía que el financiamiento provenía de las cuentas presupuestales del Estado, manifestando que asumió que se trataba de aportes del peculio personal y privado del entonces alcalde Fermín García Fuentes. La fiscalía anticorrupción viene realizando el cruce de información financiera para verificar la veracidad de dicho argumento técnico o si se trató de una modalidad coordinada para el desvío de dinero público.
Gravedad de las penas y debido proceso
Debido a la naturaleza del delito de peculado y las circunstancias agravantes asociadas al ejercicio de funciones de elección popular, la tesis de la fiscalía plantea un escenario punitivo severo. De acreditarse la responsabilidad penal de los encausados durante la etapa de juicio, las sanciones solicitadas por los fiscales del caso contemplan penas de hasta 12 años de prisión efectiva, además de la inhabilitación accesoria para ejercer cualquier cargo o función pública.
Las autoridades judiciales locales remarcaron que el inicio de esta fase formalizada responde a la necesidad de esclarecer los hechos en favor del derecho de la ciudadanía a conocer la administración de sus recursos. Asimismo, precisaron que el proceso se desarrollará bajo el estricto respeto a las garantías constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso legal de cada uno de los investigados hasta que se emita una sentencia judicial firme.
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