La exprocuradora anticorrupción Dora Monzón cuestionó la prolongada duración de los procesos judiciales, tras el fallo del Poder Judicial que sentenció a 7 años de cárcel efectiva al exalcalde de San Sebastián y exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito y otros, en el proceso conocido como el caso de las 54.000 bolsas de cemento.
Monzón sostuvo que, en este expediente, las decisiones judiciales han sido condenatorias, aunque el proceso tomó 17 años en todas sus etapas. “En todos los casos ha sido condenatoria. Es cierto que este proceso judicial ha demorado 17 años, y es lo que la justicia ha dicho”, señaló, al precisar que se aguardan los resultados de la segunda instancia.
La exfuncionaria explicó que la denuncia fue presentada durante su gestión como procuradora anticorrupción, adjuntando diversos medios probatorios. “He hecho la denuncia con las guías de remisión, el ingreso a almacenes y solicitando inspecciones en cada uno de los almacenes de San Sebastián, en el almacén central y en todas las obras”, indicó.Añadió que el representante de la empresa URPI declaró que las 54.000 bolsas de cemento no habían ingresado, declaración que según afirmó quedó registrada en los videos presentados ante el Ministerio Público. Posteriormente, señaló, la Municipalidad de San Sebastián realizó una visita guiada para desvirtuar la denuncia; sin embargo, indicó que el material exhibido correspondía a otra marca y otro código.
Monzón precisó que todas estas pruebas fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público y que, posteriormente, la siguiente gestión de la Procuraduría impulsó el proceso, lo que derivó en la disposición fiscal para la realización de un peritaje. Respecto a la duración de los procesos judiciales, cuestionó la dilación en el Poder Judicial. “Un juicio oral demora dos, tres o cuatro años y, como van las cosas, seguramente vamos a demorar cinco o diez años en el Poder Judicial”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que estas demoras generan incertidumbre tanto en los procesados como en la ciudadanía. “La lectura como pueblo que damos es que justicia que tarda no es justicia”, señaló. Finalmente, indicó que lo que corresponde es una definición clara por parte del sistema judicial.
“Queremos saber si son o no responsables y que el Poder Judicial nos diga si es o no delito apropiarse o realizar un trabajo ilícito que perjudica los bienes del Estado y la correcta administración de justicia”, concluyó.
Comentarios
Inicia sesión con Google para comentar.
Sé la primera persona en comentar.