El personal operativo trabaja con equipos sin batería o malogrados, dejándolos desprotegidos ante agresiones en las calles
Una seria denuncia pone en tela de juicio la millonaria inversión en seguridad ciudadana efectuada por la Municipalidad Provincial del Cusco. Efectivos del servicio de Serenazgo revelaron, bajo estricto anonimato, que las modernas cámaras de videovigilancia integradas a sus uniformes y patrulleros no funcionan, transformándose en simples adornos inservibles durante los operativos diarios en la Ciudad Imperial.
La adquisición —presentada con gran expectativa en febrero de 2026 por el alcalde Luis Pantoja Calvo— consistió en una flota de 20 camionetas Mitsubishi y un bus destinados a patrullar las calles cusqueñas. La inversión municipal justificó un elevado costo promedio de 83 mil dólares por vehículo debido a que incluía un equipamiento tecnológico de punta, jaulas de seguridad, camillas y sistemas de grabación corporal (bodycams) para registrar evidencias de las intervenciones.
Agentes desprotegidos y sin evidencias
A solo cinco meses de aquella entrega, la realidad en las calles desmiente el discurso oficial de modernidad tecnológica. «Es lo que nos exige, pero nos dan una cámara que no está cargada la batería; prácticamente no sé si funcionará o no funcionará», manifestó un agente de Serenazgo, exponiendo el descuido logístico que sufren en sus jornadas.
La inoperatividad de estas herramientas tecnológicas saltó a la luz tras un reciente incidente de gravedad en la ciudad, donde varios miembros del Serenazgo resultaron heridos en cumplimiento de su deber. Al momento de requerir las filmaciones para la denuncia legal y la identificación de los agresores, se descubrió que no existía ningún registro fílmico debido a las fallas de los dispositivos.
Cuestionamientos por presunto sobrecosto
El caso ha encendido las alarmas en la comuna cusqueña por un presunto sobrecosto en la compra del parque automotor, dado que el valor agregado del equipamiento tecnológico no está prestando ninguna utilidad real a la seguridad de la población. Ciudadanos y sectores de fiscalización exigen que el alcalde brinde explicaciones inmediatas y ejecute las garantías técnicas correspondientes con los proveedores, antes de que ocurran más desgracias que queden en la total impunidad.
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