Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, ha dejado una declaración que obliga a mirar más allá de la anunciada masificación del gas natural. El 21 de octubre aseguró que el proyecto para abastecer a siete regiones del país mediante Cálidda “va a ocurrir de todas maneras”, pese a que la propuesta todavía se encuentra en evaluación y existen diferencias técnicas pendientes de resolver. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el titular del sector anticipar el desenlace de un procedimiento que, según el propio Gobierno, aún no ha concluido?
“En un mes ya debería estar resuelto con todas las exigencias que le pediremos al concesionario para llevar adelante este proyecto. Va a ocurrir de todas maneras”, afirmó Shinno. El ministro confirmó que el Ministerio de Energía y Minas realizó una primera evaluación y que actualmente desarrolla una segunda junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, su seguridad pública contrasta con la incertidumbre que, hasta hace pocos días, el propio Ejecutivo reconocía.
El 9 de octubre, apenas doce días antes, Shinno sostenía que la decisión todavía no estaba tomada. Admitía discrepancias entre los criterios del Minem y Osinergmin, observaciones sobre las inversiones y el tratamiento de los activos, además de conversaciones pendientes con el MEF. “Todavía no es algo decidido. Estamos en plena evaluación”, declaró entonces. Ahora, en cambio, presenta la ejecución del proyecto como un resultado inevitable.
¿Qué cambió en esos doce días? ¿Se levantaron las observaciones técnicas? ¿El MEF aprobó las condiciones económicas? ¿Osinergmin modificó sus reparos? ¿O el Gobierno ya tomó una decisión política y las evaluaciones institucionales han quedado reducidas a establecer las condiciones para ejecutarla? No existen elementos suficientes para afirmar que el resultado esté formalmente decidido, pero la contradicción entre ambas declaraciones exige una explicación pública.
El Congreso pidió no firmar la adenda
La declaración del ministro tampoco puede separarse de la oposición que ha surgido frente al mecanismo propuesto. El 13 de octubre, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas realizada en Cusco, diputados y senadores de diversas bancadas exigieron acelerar la masificación del gas natural, pero pidieron al Ejecutivo abstenerse de firmar una nueva adenda con Cálidda. Autoridades y representantes de la sociedad civil respaldaron esa posición, según lo registrado por el propio Congreso.
El reclamo tiene un sentido preciso: las regiones quieren gas, pero cuestionan que esa necesidad histórica termine justificando la incorporación de siete nuevos mercados a la concesión de una empresa determinada. Dos días después, el Colegio de Ingenieros del Perú planteó que, al tratarse de proyectos nuevos fuera del ámbito original de la concesión de Lima y Callao, corresponde evaluar mecanismos competitivos y licitaciones.
El 19 de octubre, organizaciones sociales de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Apurímac acordaron exigir la culminación del Gasoducto Sur Peruano y rechazar las adendas de Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP). El mensaje es claro: no se oponen a la llegada del gas; cuestionan la forma en que se pretende resolver el problema y las consecuencias de comprometer nuevas regiones mediante ampliaciones contractuales.
La diferencia resulta fundamental. Una política pública puede establecer que el gas natural debe llegar a los territorios históricamente postergados, fijar plazos y disponer mecanismos de financiamiento. Pero esa decisión no responde automáticamente a otra pregunta: ¿por qué debe ser Cálidda la empresa encargada de operar esos nuevos mercados?
Siete regiones y un negocio de largo plazo
La propuesta contempla extender las operaciones de Cálidda, cuyo ámbito original comprende Lima y Callao, hacia Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica. Se trata de nuevos territorios, infraestructura adicional y potenciales cientos de miles de usuarios. No es una modificación menor ni un asunto que pueda evaluarse exclusivamente bajo el argumento de la rapidez.
Shinno sostiene que ProInversión ya intentó adjudicar el proyecto en dos oportunidades y no encontró postores. El antecedente merece ser considerado, pero no resuelve por sí solo la discusión actual. Que una licitación haya quedado desierta demuestra que no se presentaron ofertas bajo las condiciones entonces establecidas; no demuestra que Cálidda tenga un derecho exclusivo sobre las siete regiones ni que resulte imposible convocar una nueva competencia.
Por eso, el Gobierno debe explicar si las condiciones económicas, tarifarias, de financiamiento y distribución de riesgos que ahora se negocian con Cálidda son equivalentes a las que se ofrecieron en los procesos anteriores. Si han cambiado, corresponde justificar por qué esos cambios hacen viable una operación que antes no consiguió interesados. Una licitación desierta puede revelar falta de atractivo, pero también puede obligar a revisar el diseño del proyecto.
Lo que no debería ocurrir es que un proceso sin postores se convierta, sin una nueva evaluación de alternativas, en argumento suficiente para entregar posteriormente los mercados a un operador determinado. La urgencia de las regiones es real. Precisamente por eso, las condiciones de la solución deben ser transparentes y responder al interés público.
La urgencia no puede sustituir a la competencia
El argumento de que una nueva licitación retrasaría durante años la llegada del gas tiene una parte indiscutible: el tiempo importa. Cusco y las demás regiones llevan demasiado tiempo esperando una solución. Sin embargo, esa demora acumulada no puede convertirse automáticamente en la justificación para descartar cualquier alternativa a la adenda.
La pregunta que el Ejecutivo debe responder es por qué el país ha llegado nuevamente a un escenario en el que la urgencia amenaza con imponerse sobre la discusión de las condiciones contractuales. Las demoras de proyectos anteriores y las decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos requieren una explicación; no pueden utilizarse como una razón definitiva para sostener que ya no existe margen para evaluar otras opciones.
El problema no consiste en acelerar la llegada del gas, sino en determinar si el mecanismo elegido garantiza las mejores condiciones para el Estado y los usuarios. Si el Gobierno considera que la adenda es la alternativa más conveniente, debe sustentar esa conclusión con información verificable, estudios comparativos y una explicación de las razones por las que otras modalidades no ofrecerían mejores resultados.
También debe aclarar el alcance de la extensión contractual por diez años que se plantea en torno a la operación. Una ampliación de ese horizonte tiene consecuencias económicas y comerciales que deben ser evaluadas antes de comprometer nuevos territorios. Corresponde conocer quiénes negociaron las condiciones, qué observaciones fueron aceptadas o rechazadas, qué informes respaldan la propuesta y qué alternativas se examinaron.
Estas interrogantes no constituyen, por sí mismas, una prueba de favorecimiento irregular. Pero sí justifican exigir transparencia, especialmente cuando el ministro presenta el resultado como inevitable mientras las evaluaciones siguen abiertas.
¿Por qué Cálidda “de todas maneras”?
La cuestión central ya no es si las siete regiones necesitan gas natural. Esa necesidad no está en discusión. Lo que el Ejecutivo debe explicar es por qué la masificación tendría que concretarse necesariamente mediante la incorporación de esos mercados a la concesión de Cálidda.
¿Desde cuándo se considera esa alternativa como la definitiva? ¿Qué opciones se compararon? ¿Qué informes demuestran que una adenda ofrece mejores condiciones que una convocatoria competitiva? ¿Qué reuniones se realizaron con la empresa y qué compromisos se han asumido durante las negociaciones? Y, sobre todo, ¿por qué Shinno parece anticipar el desenlace antes de que las instituciones involucradas terminen sus evaluaciones?
El ministro puede comprometer políticamente a su sector con el objetivo de llevar gas natural a las regiones. Lo que debe justificar es la elección del mecanismo para conseguirlo. El MEF continúa evaluando la propuesta, Osinergmin mantiene diferencias técnicas, el Colegio de Ingenieros reclama competencia y representantes del Congreso y organizaciones sociales han pedido que no se firme la adenda.
Frente a ese escenario, la declaración de que el proyecto “va a ocurrir de todas maneras” plantea una interrogante institucional que no puede quedar sin respuesta: ¿se está ante una evaluación cuyo resultado todavía puede cambiar o ante una decisión previamente encaminada que ahora busca formalizarse mediante una adenda?
El Ejecutivo tiene la obligación de despejar esa duda con documentos, argumentos técnicos y transparencia. No basta invocar la urgencia de las regiones ni recordar que anteriores licitaciones quedaron desiertas. Si la propuesta es la mejor opción, debe poder demostrarlo.
Porque el gas natural debe llegar a las regiones. Pero esa necesidad no elimina el deber de proteger el interés público, justificar las condiciones contractuales y evaluar alternativas. El objetivo de la masificación y la elección de la empresa encargada son decisiones distintas.
El país necesita una garantía: que el gas llegue a las siete regiones. Lo que todavía falta explicar es por qué esa garantía tendría que incluir, necesariamente, a Cálidda.
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