(Limagris.com)
La anunciada visita presidencial al Cusco amenaza con convertirse en un episodio que revela, una vez más, la fractura histórica entre el poder central y las comunidades andinas
La visita del presidente de la República, anunciada para este miércoles 26 de noviembre, amenaza con convertirse en un episodio incómodo y acaso revelador del clima social que atraviesa el Cusco. Mientras el mandatario se prepara para aterrizar en el aeropuerto Velasco Astete como parte de su gira nacional, las comunidades campesinas del distrito de San Sebastián advierten que impedirán su descenso del avión si el Gobierno continúa ignorando lo que consideran un atropello flagrante contra sus derechos y su dignidad.
La disputa tiene nombre, rostro y geografía: el polígono arqueológico de Purmamarca, una zona donde conviven vestigios incas, tierras de cultivo y más de tres mil familias que hoy se sienten arrinconadas por decisiones tomadas desde escritorios limeños. Según Eduardo Hualpa Gutiérrez, presidente de la comunidad campesina de Quillahuata, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Diego Jesús Pajares Adonayre, ha excluido deliberadamente a los dirigentes comunales de la mesa técnica destinada a resolver el conflicto.
“No permite que entremos, no permite que opinemos; esa actitud es racista y discriminatoria”, afirma con una indignación que, en estas alturas andinas, nunca es retórica. Esto sin duda, es un grave error del funcionario del Ministerio de Cultura.
La molestia no es solo burocrática; es visceral. Hualpa sostiene que el director foráneo, limeño, “pituco”, como lo llaman no comprende la realidad local y ha reaccionado con muecas de desdén cuando algunos representantes le hablaron en quechua. Ese detalle, minúsculo para quien no entiende el peso simbólico del idioma en el corazón del Tahuantinsuyo, ha encendido la pradera. Para las comunidades, no es un malentendido: es una afrenta.
Por eso, anuncian una protesta drástica. “Toda la población está indignada. Vamos a impedir que el presidente baje del avión. Estaremos firmes frente al aeropuerto Velasco Astete”, sentencia Hualpa. Su palabra no suena a advertencia sino a decisión tomada.
Daniel Sutta Gutiérrez, presidente de la Asociación de Productores Valle de Quillahuata, coincide: “Más de tres mil familias vivimos en el polígono. Todos estamos afectados. Estamos coordinando una medida de lucha contundente este miércoles”. Sus declaraciones revelan un malestar extendido, profundo, que ninguna autoridad parece haber querido escuchar.
Las comunidades piden lo elemental en un país que suele complicar lo simple: que la PCM y el ministro de Cultura Alfredo Luna, intervengan de inmediato, que se abra una mesa de diálogo real —no una simulación— y que se retire del cargo al director Pajares, a quien acusan de desconocer por completo la realidad cusqueña. “Queremos diálogo, sí, pero no permitiremos más maltratos”, repiten, como quien enuncia un límite después de demasiadas humillaciones.
En el Cusco, donde la memoria nunca es arqueología sino presente vivo, los gestos importan tanto como las leyes. Si el Gobierno no lo entiende a tiempo, la llegada del presidente podría convertirse en una escena insólita: un avión que aterriza, un Estado que mira desde la ventana, y un pueblo que exige, una vez más, ser tratado como ciudadano y no como estorbo.
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