El dirigente Francisco Chutas demandó transparentar las pesquisas fiscales que involucran a funcionarios y regidores de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
Un enérgico llamado a las autoridades judiciales realizó la dirigencia civil del distrito de San Sebastián. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de dicha jurisdicción, Francisco Chutas, se dirigió públicamente al Ministerio Público para exigir que se aceleren de forma inmediata las investigaciones en torno al millonario proyecto de seguridad ciudadana ejecutado por la comuna sebastiana, el cual demandó una inversión pública superior a los 32 millones de soles.
El representante social cuestionó severamente la efectividad y la transparencia de la obra, señalando que la población no percibe una mejora en el monitoreo urbano ni conoce la ubicación física de los dispositivos tecnológicos contratados. «¿Dónde están las cámaras por las que gastaron 32 millones?», inquirió Chutas, manifestando el descontento de los vecinos ante el incremento de los índices delictivos pese al millonario presupuesto asignado.
Sospechas en convenios de instalación
De acuerdo con los argumentos técnicos que sustentan la denuncia formalizada ante las fiscalías anticorrupción del Cusco, las presuntas irregularidades administrativas no solo se concentrarían en el proceso de adquisición del software y los componentes informáticos, sino también en la infraestructura de soporte.
El Frente de Defensa alertó que existirían vicios contractuales y cláusulas lesivas en el procedimiento de alquiler y uso de los postes de alumbrado público pertenecientes a la empresa Electro Sur Este, los cuales debían servir de base para el cableado y soporte técnico de las cámaras de videovigilancia. El gremio sospecha que estos contratos paralelos habrían inflado el costo real de la obra civil, configurando un potencial escenario de sobrevaloración de fondos públicos.
Exigen identificar a funcionarios y regidores
Chutas precisó que la denuncia formal penal ya sigue su curso en las instancias correspondientes del Ministerio Público y recalcó que las pesquisas deben alcanzar tanto a los funcionarios de confianza del área de Logística y Seguridad Ciudadana como a los miembros del cuerpo de regidores que integraron las comisiones de fiscalización de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
«La ciudadanía exige saber cómo se administró cada sol de ese presupuesto. Si se comprueba que hubo concertación de precios, sobrevaloración o que los equipos no cumplen con los términos de referencia, los implicados deben terminar en la cárcel», sentenció el dirigente, quien anunció que los comités vecinales se mantendrán en movilización permanente vigilando el debido proceso y la transparencia de los peritajes técnicos que realice la fiscalía.







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