La concejal Maryori Ríos denunció que el área ejecutiva tarda entre cinco y seis meses en responder los pedidos de información del concejo.
Un nuevo y grave escenario de confrontación política y fiscalización sacude las instalaciones de la Municipalidad Provincial del Cusco. Miembros del concejo municipal denunciaron públicamente la existencia de una sistemática política de obstaculización y dilación por parte de los funcionarios de confianza de la alcaldía, destinada a frenar las investigaciones sobre presuntas irregularidades y vicios de corrupción en la actual gestión pública.
La protesta de los legisladores ediles cobró fuerza tras el escándalo nacional provocado por la difusión de imágenes que evidencian el presunto uso proselitista de una camioneta contratada y pagada con presupuesto de la municipalidad, la cual fue captada brindando apoyo logístico directo en actividades de campaña electoral de la organización política PRIN con miras a los comicios para el Gobierno Regional.
Demoras injustificadas de hasta seis meses
La regidora provincial Maryori Ríos alzó su voz de protesta y lamentó que el cuerpo de regidores se encuentre de manos atadas debido a las trabas administrativas impuestas desde las gerencias municipales. Según precisó, los requerimientos de información, informes técnicos y copias de contratos indispensables para la labor fiscalizadora son retenidos de manera deliberada, tardando entre cinco y seis meses en ser absueltos por el aparato ejecutivo.
«Esta excesiva demora quita toda oportunidad y eficacia al control que por ley nos corresponde hacer. No se puede permitir que los recursos de los cusqueños terminen financiando a partidos políticos mientras la administración oculta los documentos», enfatizó Ríos, tras confirmar que esta sistemática retención de datos ya fue denunciada formalmente ante el Órgano de Control Institucional (OCI) para el inicio de las auditorías de ley.
Indicios de delitos y quiebre de la neutralidad
En lo referente al uso del vehículo oficial, la concejal Ríos detalló que las unidades vehiculares bajo contrato estatal se alquilan para fines institucionales específicos y deben pernoctar obligatoriamente en los locales asignados o depósitos autorizados. El libre tránsito de este vehículo en mítines y recorridos de campaña configura una violación directa al principio de neutralidad electoral y abre las puertas a una investigación penal por el presunto delito de peculado de uso.
Ante esta situación, el bloque de regidores ha exigido de manera formal un informe logístico inmediato que precise con exactitud qué área del municipio solicitó la camioneta, cuál es la identidad del conductor asignado a la planilla y bajo qué justificación técnica se liberó el vehículo fuera del horario de oficina. Finalmente, Ríos hizo un llamado enérgico a todas las fuerzas políticas que participan en la contienda electoral a actuar con rigor ético, fiscalizando la procedencia de los bienes que emplean en sus actividades para no convertirse en cómplices del saqueo del erario local.
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