El Poder Ejecutivo argumenta que las normas aprobadas por insistencia en el Congreso quiebran el equilibrio presupuestal y vulneran la Constitución.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció de forma oficial que presentará demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra tres paquetes normativos de alto impacto laboral y previsional que el Congreso de la República promulgó recientemente por insistencia.
Los tres frentes de la demanda
El procurador público del MEF ha recibido las instrucciones técnicas para iniciar las acciones legales orientadas a dejar sin efecto las siguientes disposiciones legislativas:
- Gratificación Completa para Trabajadores CAS: La norma que equiparaba los aguinaldos de los empleados bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con los de los regímenes 276 y 728, otorgándoles un sueldo íntegro en julio y diciembre.
- Aumento de Pensiones a Maestros y Militares: La ley que disponía un incremento progresivo en las pensiones de los docentes cesantes y jubilados del Magisterio Nacional, así como del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
- Homologación de Incentivos CAFAE: La disposición que obligaba a nivelar los incentivos económicos que se otorgan a través de los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo (CAFAE) en diversas entidades del sector público.
Sustento del Ejecutivo
El sector liderado por el ministro de Economía enfatizó que, bajo el amparo del artículo 79 de la Constitución Política del Perú, los parlamentarios no poseen iniciativa para crear ni aumentar el gasto público. Los informes técnicos del MEF señalan que aplicar estas reformas implicaría un desembolso imprevisto de miles de millones de soles que no se encuentran contemplados en el Presupuesto General de la República, lo que comprometería la estabilidad macroeconómica, la calificación crediticia del país y el financiamiento de sectores prioritarios como salud y educación.
Impacto y Siguientes Pasos
Con la presentación de estas demandas, la vigencia y desembolso efectivo de estos beneficios económicos ingresarán a un periodo de suspenso técnico y legal a la espera del dictamen final del Tribunal Constitucional. Gremios de trabajadores estatales, federaciones de maestros y asociaciones de militares en retiro manifestaron su profundo rechazo a la decisión del Ejecutivo y anunciaron la convocatoria a asambleas nacionales para evaluar medidas de protesta frente a lo que consideran una afectación a sus derechos laborales adquiridos.
