El trágico accidente ocurrido en octubre de 2019 dejó un saldo de 23 personas fallecidas y más de 30 heridos de gravedad.
Con pancartas en mano, fotografías de sus seres queridos y un profundo sentimiento de indignación, decenas de familiares y deudos de las víctimas del accidente de la empresa de transportes Palomino realizaron un plantón de protesta en el centro de la ciudad. A casi siete años de una de las peores tragedias viales registradas en la provincia de Quispicanchi, las demandas de reparación integral y sanción penal siguen sin ser atendidas.
El siniestro ocurrió en la carretera Interoceánica, dentro de la jurisdicción del distrito de Marcapata, cuando un ómnibus de la citada empresa cayó a un profundo abismo. El saldo fue devastador: 23 pasajeros perdieron la vida de forma instantánea y otros 30 resultaron con heridas de diversa consideración, transformándose en una herida abierta para múltiples familias del sur andino.
Denuncia de abandono empresarial
Los portavoces de los afectados manifestaron públicamente que la empresa Palomino ha mostrado una actitud indolente a lo largo de estos siete años. Denunciaron que la corporación los ha dejado en una situación de abandono total, eludiendo su responsabilidad civil y negándose a otorgar indemnizaciones justas que correspondan a la magnitud del daño económico, moral y emocional causado.
Asimismo, señalaron que varios de los 30 sobrevivientes quedaron con discapacidades físicas permanentes y secuelas psicológicas severas. Estos ciudadanos se han visto obligados a costear sus propios tratamientos médicos y terapias de rehabilitación debido a la falta de cobertura y apoyo continuo por parte de la empresa de transportes.
Exigencia de celeridad judicial
El principal reclamo de los manifestantes apunta de manera directa hacia las autoridades judiciales del Cusco. Los deudos expresaron su preocupación por las constantes dilaciones, reprogramaciones de audiencias y trabas burocráticas que han entrampado el expediente fiscal, impidiendo que hasta la fecha exista una sentencia firme contra los directivos de la empresa y los responsables operativos del viaje.
Los familiares advirtieron que continuarán radicalizando sus medidas de protesta en las calles de la región si el Poder Judicial no demuestra celeridad y transparencia en las próximas semanas. «No buscamos venganza, exigimos la justicia que nos han negado por siete años para que las almas de nuestros seres queridos puedan descansar en paz y ninguna otra familia sufra la negligencia de estas empresas», sentenció uno de los representantes de los deudos.
