El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contrata a la firma de datos LexisNexis para rastrear a extranjeros en sus países de origen.
El Gobierno de los Estados Unidos ha puesto en marcha una agresiva estrategia migratoria orientada a localizar a migrantes indocumentados que ya fueron deportados a sus países de origen, con el objetivo de exigirles el pago de millonarias multas acumuladas por no haber abandonado el territorio estadounidense a tiempo.
Rastreo Global de Datos
Para ejecutar esta medida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suscribió un contrato por 2.4 millones de dólares con la corporación transnacional de datos LexisNexis Special Services. Esta firma tecnológica se encargará de cruzar información financiera, registros públicos, direcciones residenciales y números telefónicos en el extranjero para dar con el paradero exacto de los expulsados, principalmente en América Latina y el Caribe.
Sanciones Financieras Asfixiantes
La ofensiva legal se ampara en una normativa federal poco utilizada que faculta al Estado a imponer penalidades civiles de hasta 500 dólares por cada día que el extranjero permaneció ilegalmente en el país tras emitirse su orden de salida obligatoria. Las autoridades migratorias indicaron que buscan recuperar fondos públicos y enviar un mensaje disuasivo contundente contra la migración irregular.
Ola de Rechazo e Impacto
Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes manifestaron su profundo rechazo, advirtiendo que la medida constituye un acto de hostigamiento financiero que condena a la miseria a familias enteras que ya sufrieron el trauma del desarraigo. Asimismo, juristas internacionales cuestionaron los vacíos legales sobre la soberanía de los Estados americanos para permitir que agencias estadounidenses ejecuten cobros coactivos dentro de sus territorios nacionales.
