sábado, julio 25, 2026
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Poder Judicial sentencia a exgerente municipal de Kumpirushiato por usar camioneta del estado para fines particulares

Carlos Santos Sánchez fue hallado culpable del delito de peculado de uso en la provincia de La Convención

En un firme avance contra la impunidad y el mal uso de los recursos públicos, el Poder Judicial dictó sentencia condenatoria contra Carlos Santos Sánchez, exgerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Kumpirushiato, al hallarlo responsable del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.

La sustentación del caso penal estuvo a cargo del doctor Omar Michael Mera Hoyos, representante de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención. Durante el proceso, el Ministerio Público demostró de manera contundente que el ahora sentenciado utilizó un vehículo oficial asignado a la comuna distrital con fines estrictamente particulares y ajenos a sus labores institucionales. El exservidor civil se desempeñó en las funciones de gerencia entre los años 2023 y 2024 para el desarrollo de proyectos públicos locales.

Sanciones Legales y Económicas impuestas
Tras evaluar las evidencias presentadas por el despacho fiscal de la región Cusco, el juzgado correspondiente fijó las siguientes restricciones contra el exgerente edil:

  • Pena Privativa: Condena de dos años y ocho meses de pena suspendida en su ejecución, sujeta a estrictas reglas de conducta obligatorias.
  • Inhabilitación Funcional: Restricción absoluta para postular, postularse o ejercer cualquier tipo de función, empleo o cargo público por un periodo de cinco años.
  • Reparación Económica: Obligación de abonar un total de 241 días-multa y el pago solidario de S/ 1,500 por concepto de reparación civil a favor del Estado, destinado a resarcir el daño extrapatrimonial causado.

La Fiscalía Especializada reitera su compromiso inquebrantable de perseguir de manera técnica e implacable cualquier acto de corrupción y desvío de bienes públicos, exhortando a las autoridades y servidores civiles a actuar con absoluta transparencia, probidad y respeto irrestricto hacia el patrimonio del Estado.

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