La Fiscalía dispuso continuar por ocho meses la investigación preliminar seguida contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, y otros investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y otros, en agravio del Estado.
La decisión es del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El caso está relacionado con la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos electorales e implementos para las Elecciones Generales 2026.
Según el documento fiscal, en este proceso participaron funcionarios y servidores de la ONPE en distintas etapas: actuaciones preparatorias, selección y ejecución del servicio. La Fiscalía señala que se habrían advertido irregularidades que revelarían un presunto direccionamiento directo a favor de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., que finalmente obtuvo la buena pro de la empresa Gálaga.
El despacho fiscal sostiene que la evaluación de la empresa habría sido discrecional y sujeta a lineamientos “emitidos a la medida”, lo que, según la disposición, evidenciaría un apartamiento de principios de la contratación pública como legalidad, eficiencia y transparencia.
Uno de los puntos señalados por la Fiscalía está referido a la capacidad operativa de la empresa adjudicada. De acuerdo con la disposición, Gálaga S.A.C. «habría presentado información ante la ONPE de 70 conductores con el propósito de aparentar el cumplimiento de la capacidad operativa exigida». Sin embargo, el documento fiscal indica que «la empresa registraba 13 trabajadores en planilla y 20 prestadores de servicios, es decir, 33 personas en total»
La Fiscalía también señala que estas presuntas irregularidades no habrían sido observadas y que, por el contrario, habrían sido avaladas, permitiendo que el proceso de contratación continúe hasta la adjudicación de la buena pro. En esa línea, el Ministerio Público considera que podría existir un presunto pacto o preacuerdo en torno a la contratación investigada.
Como parte de las diligencias ya realizadas, el despacho fiscal recabó documentos de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE en la sede de Lurín, términos de referencia, documentación de unidades de transporte y conductores de Gálaga S.A.C., informes de la Contraloría, registros de visitas, agendas de funcionarios de la ONPE, hojas de vida de servidores públicos y el contrato 176-2026-ONPE.
La disposición fiscal también hace referencia al informe de control específico de la Contraloría General de la República sobre el proceso de contratación del servicio de transporte y distribución de material y equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana y Callao, en el marco de las Elecciones Generales 2026. Según el documento, dicho informe advertiría presuntas responsabilidades administrativas y penales, por lo que la Fiscalía dispuso requerirlo con sus respectivos apéndices.
