Hechos vulneran normativa de contrataciones y afectan la legalidad en la gestión de los recursos públicos
La Contraloría General de la República identificó que la Municipalidad Distrital de Santiago efectuó diversas contrataciones de bienes y servicios con una empresa cuyo principal accionista mantenía vínculo de parentesco con una autoridad de la misma institución.
En el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 5900-2026-CG/GRCU-AOP se señala que la entidad omitió verificar los impedimentos legales establecidos para los procesos de adquisición pública, lo que derivó en pagos injustificados a un consorcio que se encontraba restringido de contratar en dicho ámbito territorial. Esta situación afectó directamente la transparencia, la legalidad y la correcta administración de los recursos municipales durante el ejercicio evaluado.
La Contraloría analizó las operaciones realizadas durante el año 2022 y constató que la empresa beneficiada con múltiples órdenes de compra y servicios tiene como accionista mayoritario a un ciudadano que es hermano de una exregidora que ejerció funciones en el periodo 2019-2022. Las adquisiciones incluyeron vales de consumo, productos alimenticios y servicios de difusión, sumando un monto total desembolsado de S/ 565 326.
La Ley de Contrataciones del Estado establece de forma clara que el cónyuge o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de los regidores están impedidos de ser postores o contratistas en el ámbito de su competencia territorial. Este impedimento se mantiene vigente durante el ejercicio del cargo y hasta doce meses después de haber concluido el mismo. Al poseer el familiar directo el 90 % de las acciones de la empresa contratada, la prohibición se extendía automáticamente a la persona jurídica.
Como evidencia se verificó la Ficha Única del Proveedor y la Declaración Jurada de Intereses de la exautoridad, donde se consignó explícitamente el vínculo familiar. Sin embargo, los servidores responsables habrían ignorado estas restricciones legales al momento de organizar y conducir los procesos de selección.
Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones que correspondan para el deslinde de responsabilidades que correspondan.
