El Poder Judicial ordenó levantar el secreto bancario del exministro del Interior Juan José Santiváñez y de un grupo de personas como parte de una investigación que realiza la Fiscalía de la Nación por el caso ‘Ícaro’ o ‘El Dorado’.
El Poder Judicial ordenó levantar el secreto bancario, financiero y cooperativo del exministro del Interior Juan José Santivañez como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el caso denominado ‘Ícaro’ o ‘El Dorado’.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley también adoptó similar medida en el caso de Percy Tenorio, Marco Palacios, Gregorio Villalón, Franco Parodi, Gianfranco Meza y la persona jurídica Asesoría y Proyectos Tenorio SAC, todos ellos en su condición de «terceros afectados» dentro de esta investigación preliminar.
El magistrado adoptó esta medida al declarar fundado el requerimiento que hizo la Fiscalía de la Nación el último 1 de abril para que se ejecute esta medida sobre Santivañez y estos terceros afectados respecto al periodo comprendido entre el 16 de mayo del 2024 al 24 de marzo del 2025 como parte de esta investigación preliminar abierta por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y negociación incompatible en agravio del Estado a raíz de este caso.
Mediante una resolución emitida el último 14 de mayo, Checkley Soria dispuso que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de su intermedio, requiera a las entidades bancarias y financieras a nivel nacional que informen en el periodo comprendido la identificación de las cuentas de titularidad de los afectados con la medida, en los bancos, financieras y cooperativas, estado de cuentas de ahorro (moneda nacional y extranjera) cuenta corriente, a plazo, CTS, mancomunadas si las hubiera, documentación de la apertura de las cuentas y registro de firmas, un informe detallado de las operaciones (activas/pasivas) en cada una de las cuentas, solicitud de alquiler de cajas de seguridad, transferencias bancarias, movimientos de cuentas, cheques girados, préstamos, hipotecas, leasing, warrants, prendas mercantiles, fianzas, certificados de depósitos, garantías bancarias, fondos fiduciarios, cartas de crédito, información referente a relaciones vigentes y no vigentes con Holdings nacionales e internacionales, tarjetas de crédito, líneas de crédito, transferencias (pasivas y activas) de dinero a través de las billeteras digitales de Yape y Plin.
Checkley Soria determinó que en este caso la utilidad del levantamiento del secreto bancario se justifica en la necesidad de verificar objetivamente la existencia, origen, destino, frecuencia y oportunidad temporal de operaciones financieras presuntamente vinculadas con los hechos materia de investigación.
El magistrado dispuso que una vez ejecutada la presente medida restrictiva de derechos, el fiscal responsable deberá dar cuenta del resultado a su despacho para el control respectivo, asimismo, deberá hacerse de conocimiento de los afectados a fin de garantizar lo preceptuado en el artículo 204 del Código Procesal Penal.
Checkley Soria precisa en su resolución que la ejecución de la presente medida por parte de la autoridad fiscal recurrente deberá efectuarse única y exclusivamente para los fines a que se contrae la presente investigación, bajo responsabilidad funcional, en caso de incumplimiento.
El último 12 de mayo, el juez supremo provincial Juan Carlos Checkley ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior Juan José Santivañez y un grupo de personas, en su condición de «terceros afectados» a pedido de la Fiscalía de la Nación respecto al periodo comprendido entre el 16 de mayo del 2024 al 24 de marzo del 2025 a raíz de este caso.
El Ministerio Público investiga un supuesto esquema de corrupción que gira en torno al control de la mina El Dorado en la Región Ayacucho. A raíz de este caso la Fiscalía ejecutó el pasado mes de agosto el operativo ‘Ícaro 2025’ que incluyó la ejecución de allanamientos a las viviendas de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidente Dina Boluarte, de Franco Parodi y de abogados del estudio jurídico del exministro del Interior y de Justicia Juan José Santiváñez.
