Estos hechos afectarían la legalidad y transparencia de las contrataciones públicas
La Contraloría General advirtió irregularidades en la Municipalidad Provincial de Coya, en Cusco, tras identificar que se realizaron contrataciones y pagos por más de S/ 347 mil a una empresa que no podía contratar con el Estado debido a un impedimento legal.
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 5735-2026-CG/GRCU-AOP, que eva- luó el periodo entre 2021 y 2023, la entidad pagó exactamente S/ 347 955,82 a una empresa proveedora de combustible y maquinaria. Sin embargo, esta compañía estaba vinculada directamente a un exregidor de la municipalidad.
El informe detalla que los principales accionistas de la empresa —quienes poseen el total del capital social— son hermanos de un ciudadano que ejerció como regidor durante el periodo 2019-2022. Este vínculo los mantenía impedidos de contratar con la entidad, incluso hasta doce meses después de fina- lizada la gestión del funcionario.
Según la normativa vigente, específicamente el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley n.° 30225), los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de los regidores no pueden ser proveedores de la entidad donde estos ejercen funciones. Esta restricción también aplica a empresas en las que dichos familiares tengan más del 30 % de partici- pación, como ocurrió en este caso.
Pese a ello, la municipalidad aprobó contratos y autorizó pagos sin verificar información clave, como la Ficha Única del Proveedor. Además, no se revisaron adecuadamente las declaraciones jura- das de intereses ni los registros civiles que confirmaban el vínculo familiar, lo que habría permitido concretar las contrataciones de manera irregular.
Para la Contraloría, estos hechos afectan la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Por ello, recomendó al titular de la entidad adoptar acciones inmediatas para de- terminar responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan.
