Una medida cautelar beneficia a una empresa asociada a Rafael López Aliaga mientras se lleva a cabo el arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima. El gobernador regional del Cusco afirma que, en un plazo de ocho meses, se contará con un nuevo operador.
El pasado 16 de mayo, Machu Picchu vivió una jornada marcada por la incertidumbre y un amplio despliegue policial, a raíz del vencimiento del contrato de concesión del hotel Sanctuary Lodge, administrado por la cadena Perú Belmond Hotels. Aunque se anticipaban posibles protestas, solo tres manifestantes se presentaron con pancartas pacíficas. Entretanto, más de 60agentes policiales se situaron en la entrada de la ciudadela inca, causando confusión entre los turistas. Este evento es el capítulo más reciente de una disputa que ha trascendido de lo administrativo a lo judicial. Pese a que el contrato de concesión del exclusivo hotel ya expiró, Belmond sigue operando gracias a una medida cautelar emitida por el Décimo Segundo Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima, bajo la jueza Silvya Llaque Napa. Esta disposición impide al Gobierno Regional del Cusco tomar control del inmueble hasta que se resuelva el arbitraje iniciado por la empresa hotelera ante la Cámara de Comercio de Lima. Belmond, una cadena vinculada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, busca extender la administración del hotel por 64 meses más, argumentando pérdidas económicas derivadas de la pandemia de COVID-19 y las protestas sociales. No obstante, las autoridades cusqueñas han expresado su firme intención de recuperar el establecimiento. El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, ha destacado que no permitirá una ampliación irregular del contrato y ha señalado a Belmond como responsable de generar tensiones sociales.
Enfrentamientos legales y acusaciones
Por su parte, Belmond ha rechazado las acusaciones del gobernador, calificándolas de infundadas e intransigentes. Además, advirtió que cualquier intento de desalojo sin agotar las vías legales sería arbitrario. En ese contexto, la empresa presentó una denuncia preventiva ante el Ministerio Público contra el gobernador Werner Salcedo y los líderes sociales Héctor Calla y Alfredo Cornejo, acusándolos de planear actos violentos tras el vencimiento del contrato. La denuncia incluye posible comisión de delitos como homicidio, disturbios y abuso de autoridad. La movilización policial realizada durante el fin de semana fue solicitada por la empresa ante el temor a manifestaciones. A su vez, el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, liderado por el exalcalde Darwin Baca, criticó el despliegue por considerarlo innecesario y denunció una presunta criminalización de la protesta social. Según el frente, existen 84 vecinos denunciados penalmente por defender bienes públicos. También expresó críticas hacia el gobernador regional y la Comisión de Transferencia por su ausencia durante los acontecimientos, calificando esta falta como negligente en su intento de recuperar el bien estatal.
Declaraciones del gobernador regional
Posteriormente, el gobernador Salcedo justificó la inasistencia de la comisión alegando respeto a las leyes y debido a la denuncia preventiva presentada en su contra. Además, refirió posibles irregularidades en la medida cautelar que beneficia a Belmond, mencionando rumores sobre posibles vínculos entre la jueza a cargo y un asesor del alcalde de Lima.
Estas circunstancias, indicó, podrían responder a intereses particulares. El gobernador también confirmó que representantes del grupo inglés Louis Vuitton Moët Hennessy, propietario del 50% de Belmond, solicitaron una reunión, oportunidad que valorará si renuncian a sus medidas legales ante la Cámara de Comercio y el Poder Judicial. Por último, aseguró que ni el arbitraje ni la medida cautelar han detenido el proceso de licitación y anunció un cronograma definido para seleccionar al nuevo operador del Sanctuary Lodge en un plazo aproximado de ocho meses. Un futuro incierto Por ahora, el destino del hotel sigue en incertidumbre mientras avanza el arbitraje en la Cámara de Comercio y se mantiene vigente la medida judicial que favorece a Belmond. El desenlace dependerá tanto de las resoluciones judiciales como de las gestiones del Gobierno Regional del Cusco para hacer prevalecer sus derechos. Además, se espera que el Poder Judicial emita pronto una decisión sobre la oposición presentada contra la medida cautelar emitida por el Décimo Segundo Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial.
