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UNSAAC: rector Eleazar Crucinta Ugarte es denunciado por discriminación

UNSAAC: rector Eleazar Crucinta Ugarte es denunciado por discriminación

Una nueva denuncia recae contra el rector de la universidad cusqueña. Crucinta Ugarte se defiende y responde a las acusaciones y denuncias contra su gestión

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) enfrenta una de las mayores crisis de su historia institucional. La Contraloría General de la República en un reciente informe, señaló que la universidad cusqueña ocupa el sexto lugar entre las entidades públicas con mayor riesgo de corrupción en el país. A este escenario alarmante se suma una serie de denuncias contra el actual rector, Eleazar Crucinta Ugarte, y su círculo cercano, quienes son señalados por presuntos actos de abuso de autoridad, discriminación y violaciones a la normativa vigente.

Docentes excluidos por defender la ley

Exdocentes contratados han presentado denuncias penales contra Crucinta y la vicerrectora académica Paulina Taco Llave. Los demandantes acusan a las autoridades universitarias de impedir su contratación, a través de la Resolución N° CU- 152-2025-UNSAAC, debido a su participación en acciones legales en defensa de la Ley N° 32171.

Dicha norma autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados que cumplan tres requisitos básicos: experiencia de al menos cinco años en docencia o ejercicio profesional, vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-2, y haber ganado una plaza mediante concurso público. Sin embargo, la gestión de Crucinta habría impuesto requisitos adicionales no contemplados en la ley, con la aparente intención de favorecer a postulantes afines a su movimiento político universitario «MI UNSAAC», vinculado a su aspiración política por el partido Alianza para el Progreso (APP).

Ante estos cuestionamientos y denuncias el rector Eleazar Crucinta conversó con Lima Gris vía telefónica, y respondió defendiéndose de las denuncias en su contra.

«Son alrededor de 23 profesores que han presentado ese documento indicando que se les está vulnerando un derecho, sobre todo cuando nosotros como universidad hemos puesto un lineamiento de que todos los profesores deben acceder a la categoría de profesores a dedicación exclusiva. Pero eso ha sido un acuerdo que se ha tenido en el Consejo Universitario en razón a que prácticamente nuestros profesores, la gran mayoría de ellos, son a tiempo parcial de 10 y de 20 horas.

El profesor de 10 horas gana no más de 600 soles. El profesor de 20 horas gana sólo 1.200 a 1.300 soles. Y la universidad, pensando en aquello que debe generar el bienestar de la docencia y la tranquilidad del estudiantado, hemos generado un lineamiento de darle a dedicación exclusiva.

Sin embargo, este grupo de profesores que, como le digo, son casi como 20 o 23 profesores, son aquellos que en la gran mayoría trabajan en otras universidades. Y a la Universidad San Antonio Abad de Cusco lo toman simple y llanamente como un trampolín o algo para jactarse y decir yo soy profesor de tal universidad, pero la riqueza y el dinero está en otras universidades y no en la universidad pública. Dígame eso, ¿es discriminación? De ninguna manera. Yo he ido y he declarado ya en la Fiscalía, así como lo estoy indicando a usted», señala el rector de la UNSAAC.

PJ ordena cumplimiento de la Ley 32171

El Poder Judicial ha emitido medidas cautelares a favor de varios docentes afectados, orde- nando la suspensión del cuestionado concurso convocado el 18 de diciembre de 2024. Según las resoluciones judiciales, el proceso diseñado por la UNSAAC vulnera derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la igualdad, al imponer restricciones arbitrarias que excluyen a docentes en conflicto judicial con la institución.

Hasta la fecha, existen al menos diez sentencias de amparo que declaran inaplicables resoluciones emitidas por la UNSAAC, exigiendo además el pago de costos judiciales a favor de los docentes afectados.

Sobre esto Eleazar Crucinta respondió: «Sí, eso es verdad. Tienen una medida judicial porque, lamentablemente, pues el Poder Judicial no entiende el sistema universitario. Por ejemplo, mire usted, le voy a explicar.

Yo soy rector por cinco años. Tengo mi plaza de profesor en el Departamento de Historia. Y en mi plaza han contratado un profesor. Yo, cuando retorno a mi labor, tengo que retornar a esa plaza. Pero, sin embargo, esta ley le ha dado la garantía al profesor contratado y le dice tú tienes derecho a nombrarte. ¿En qué plaza? Sí voy a retornar a mi plaza. Entonces, son acciones que, lamentablemente, pues el Poder Judicial no entiende. Sólo entiende aquello que dice la norma, que sí tiene todo el derecho. Y nosotros sí respetamos. El profesor contratado tiene todo el derecho y lo vamos a hacer cumplir nosotros estrictamente como tal.

Pero también tienen que entender a la universidad pública. El caso mío es el de los vicerrec- tores, es el caso de los decanos, es de los profesores que ahorita se encuentran en pasantías, que son más de 200 profesores con distintas índoles. Y a cambio de ellos se han contratado profesores. Entonces, ¿a qué plaza van a ir sus profesores? Por ejemplo, el profesor que ha ganado la medida cautelar es un profesor que prácticamente no tiene plaza en la universidad. Lamentablemente, cuando no se entiende el sistema universitario, se cometen una serie de errores».

Denuncias de discriminación y maniobras políticas

Uno de los aspectos más graves denunciados es el carácter discriminatorio de la Resolución N° CU-152-2025-UNSAAC, que impide la participación en los concursos a docentes que man- tienen procesos judiciales contra la universidad. Esta medida afectó a 36 docentes, muchos de los cuales ya impartían clases en el semestre 2025-1, provocando un grave perjuicio a su estabilidad laboral.

La situación ha generado gran controversia en el Cusco, especialmente porque Crucinta es visto como uno de los principales candidatos a la presidencia regional por APP. Según fuentes cer- canas, el rector habría enviado al vicerrector de investigación, Roberto Acurio Canal, a Lima para gestionar, junto con el cuestionado ministro de Educación Morgan Quero, un permiso excepcional que permita evadir las restricciones de la Ley 32171 y proceder a nuevos nombramientos políticos en la universidad.

Sobre este punto el rector Crucinta mencionó: «No, yo desmiento completamente porque las acciones que se hacen en la universidad se hacen con conocimiento. Yo desconozco que haya tenido alguna situación el señor vicerrector de investigación. Primero, no podemos ser locos. Hay una ley y tenemos que cumplir esa ley de nombramiento tal cual como está y lo vamos a hacer en este proceso y en este año».

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