Legislador por Cusco arrastra un amplio prontuario que incluye sentencias por lesiones, falsa declaración y violencia familiar.
Una grave denuncia pone nuevamente en jaque la legitimidad del Poder Legislativo. El programa periodístico Panorama reveló que el flamante diputado por la región Cusco, Julián Luis Pérez Mallqui (perteneciente a la bancada de Juntos por el Perú), registra un ingreso al penal de Yanamilla (Ayacucho) en el año 2001 tras dictarse un mandato de detención preventiva en su contra por el delito de hurto agravado.
El robo a agricultores del VRAEM
De acuerdo con la documentación judicial y los archivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) expuestos en el reportaje, Pérez Mallqui ingresó al centro de reclusión el 18 de julio de 2001 y fue excarcelado el 14 de diciembre del mismo año tras recibir una sentencia de prisión suspendida. El proceso penal determinó que el ahora diputado participó directamente en la sustracción de tres motosierras y múltiples herramientas agrícolas que la ONG Winrock International había donado para el desarrollo de los productores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Un historial delictivo que eludió los filtros
Esta condena por robo no es un hecho aislado en la hoja de vida del parlamentario conocido bajo el alias de «Cheldo». Investigaciones adicionales de medios nacionales como RPP Noticias y El Comercio confirmaron que Pérez Mallqui acumula cerca de ocho años de penas en su historial debido a sentencias previas por falsa declaración en procedimiento administrativo, violencia familiar y lesiones culposas. Respecto a este último cargo, en febrero de 2024 fue hallado culpable de atropellar a una madre y a su hija de 7 años en la provincia de La Convención (Cusco) y negarse a pagar la reparación correspondiente.
Denuncias de violencia en actividad
La difusión de su pasado carcelario coincide con el proceso de investigación que afronta tras haber sido detenido el pasado 30 de julio en la comisaría de San Miguel, en Lima. El legislador fue capturado en flagrancia tras irrumpir en la vivienda de su expareja y, posteriormente, propinarle agresiones físicas y verbales frente a los propios efectivos policiales.
Ante el escándalo, diversas bancadas parlamentarias han solicitado la intervención inmediata de la Comisión de Ética del Congreso para evaluar su desafuero definitivo. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa si el diputado incurrió en delito al presuntamente omitir esta sentencia por hurto agravado en la declaración jurada requerida para postular en las pasadas elecciones generales.
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