El presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, ratificó y promulgó este lunes el decreto ley aprobado por el Parlamento que modifica sustancialmente el régimen de extranjería en el país. El principal objetivo de esta reforma es dinamizar los mecanismos de expulsión administrativa de aquellos ciudadanos extranjeros que ingresen o permanezcan de forma ilegal en territorio luso.
La nueva normativa introduce plazos considerablemente más cortos para la resolución de los expedientes de deportación. Asimismo, reduce las instancias de apelación judicial que los migrantes irregulares utilizaban previamente para postergar su salida del país, permitiendo que las fuerzas de seguridad ejecuten las repatriaciones en un tiempo significativamente menor tras la notificación oficial.
Seguridad y control fronterizo
Desde la Presidencia de la República se enfatizó que esta ley busca salvaguardar la soberanía del Estado y adecuar la legislación portuguesa a las directrices del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. El Gobierno argumentó que la medida no afecta el compromiso humanitario de Portugal con los refugiados, sino que ataca directamente el tráfico ilícito de personas y sanciona la vulneración deliberada de los controles de ingreso al país.
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