El Gobierno Nacional, a través de pronunciamientos conjuntos de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, fijó una postura firme tras la ratificación forense de la muerte de tres menores de edad en una ofensiva aérea contra el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC. El Ejecutivo afirmó que las operaciones tácticas continuarán con rigurosidad y que la responsabilidad jurídica y moral de estas pérdidas recae en los cabecillas de los grupos narcoterroristas.
El mandatario Abelardo de la Espriella manifestó mediante canales oficiales su respaldo total a los despliegues de las Fuerzas Militares. «Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten a los grupos narcoterroristas. Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes», aseveró el jefe de Estado, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto bajo una política de «mano dura» contra la criminalidad.
Legalidad de la Operación Amón
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, detalló que la denominada «Operación Amón», ejecutada el jueves 27 de agosto en zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), «observó todos los estándares legales aplicables a los ataques aéreos estratégicos». El reporte oficial precisó que el ataque conjunto neutralizó a 10 integrantes de la estructura criminal comandada por alias «Calarcá».
La cartera de Defensa argumentó que, basándose en la información recolectada por inteligencia militar, los menores presentes en el área del campamento se encontraban integrados formalmente a las actividades beligerantes del grupo criminal en una «función continua de combate». Durante la inspección de la zona, las tropas incautaron un arsenal compuesto por 19 fusiles, siete ametralladoras, un mortero y más de 29.000 municiones.
Acciones punitivas contra el reclutamiento
Como respuesta política e institucional a la crisis generada por el reclutamiento ilícito, el Gobierno anunció la creación de una mesa técnica de urgencia articulada con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Esta iniciativa buscará:
- Endurecer sustancialmente las sanciones penales contra los comandantes de bloques que ordenen la captación forzada de adolescentes.
- Desmantelar de manera prioritaria las redes logísticas urbanas y rurales dedicadas al reclutamiento, reforzando la persecución penal de las estructuras que los financian.
A pesar de los reclamos y cuestionamientos provenientes de sectores de la oposición legislativa, el Ejecutivo reiteró que no suspenderá el uso legítimo de capacidades aéreas estratégicas en zonas selváticas donde operen mandos criminales de alta peligrosidad.
Comentarios
Inicia sesión con Google para comentar.
Sé la primera persona en comentar.