En un operativo judicial que sacude el panorama político de la región a pocas semanas de celebrarse los comicios seccionales, la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, detuvo esta madrugada a la abogada y exasambleísta Luisa González Alcívar, quien fuera dos veces candidata a la presidencia de la república por la coalición de izquierda Revolución Ciudadana.
La aprehensión de la máxima líder del correísmo en territorio ecuatoriano se ejecutó en la localidad rural de Canuto, perteneciente al cantón Chone, en la provincia costera de Manabí. El procedimiento policial responde a tres órdenes de detención vigentes emitidas por la justicia ecuatoriana en las jurisdicciones de Manabí y Pichincha dentro de la indagación fiscal denominada «caso Laberinto». De acuerdo con la información preliminar provista por el Ministerio Público, este expediente persigue el presunto delito de lavado de activos, examinando supuestas irregularidades financieras, inconsistencias en las declaraciones de aportes económicos y el origen ilícito de fondos destinados al gasto de publicidad electoral durante las elecciones extraordinarias de 2023. Tras su captura, la exlegisladora fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad al Cuartel Modelo de la ciudad de Guayaquil para afrontar la audiencia de formulación de cargos.
La noticia del arresto fue difundida de manera inmediata en plataformas digitales por el expresidente y aliado político Rafael Correa, quien criticó duramente la legalidad del procedimiento. En paralelo, la dirigencia del partido Revolución Ciudadana emitió un pronunciamiento institucional para catalogar la acción como una arbitrariedad y un secuestro de carácter eminentemente político. Según los voceros de la organización, las imputaciones fiscales forman parte de un proceso administrativo que ya había sido dirimido y resuelto previamente mediante la imposición de una sanción económica ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Ante estos hechos, la base partidaria de la oposición convocó a movilizaciones frente a las unidades de flagrancia para exigir la inmediata liberación de González.
Este acontecimiento agudiza la polarización política entre el Gobierno Central y el bloque correísta, el cual acusa una persecución orientada a entorpecer su participación en las elecciones locales programadas para el próximo 29 de noviembre, luego de que el TCE suspendiera temporalmente la personería jurídica de su agrupación a inicios de este año. Analistas locales coinciden en que este suceso reconfigura la agenda nacional, desplazando provisionalmente el debate sobre la crisis energética y los racionamientos eléctricos hacia la esfera puramente judicial y el control del orden interno.
Comentarios
Inicia sesión con Google para comentar.
Sé la primera persona en comentar.