La disposición judicial se oficializó el pasado 17 de julio dentro del expediente correspondiente a un proceso por presunta colusión
El panorama legal de las exautoridades de nuestra región vuelve a dar un giro en los tribunales locales. Se ha confirmado que la orden de captura a nivel nacional que figuraba en los registros policiales y judiciales contra el exgobernador regional del Cusco, Jorge Isaacs Acurio Tito, fue levantada formalmente el pasado 17 de julio de 2026. La desactivación de esta medida restrictiva se da en el contexto de uno de los múltiples procesos que afronta la exautoridad por presuntos delitos contra la administración pública.
La anulación de la orden de aprehensión responde a una disposición emitida directamente por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Corrupción de Funcionarios, órgano perteneciente a la Corte Superior de Justicia del Cusco. El mandato legal fue tramitado formalmente bajo el expediente judicial N.° 01321-2010-36-1001, el cual sigue los pormenores de una investigación por el delito de colusión en agravio del Estado peruano.
Documentación oficial confirma la vigencia
El registro técnico del sistema judicial consigna de manera textual la frase “levantado el 17/07/2026” en el apartado reservado para las órdenes de captura emitidas contra Acurio Tito. En términos operativos y prácticos, esto significa que la orden de detención que obligaba a las fuerzas del orden a ponerlo a disposición de la justicia dejó de estar vigente y quedó sin ningún efecto legal desde la fecha señalada, permitiendo que la exautoridad regional transite sin el riesgo de ser detenido bajo este proceso específico.
Procesos pendientes en la interna regional
Jorge Acurio Tito, quien gobernó la región Cusco entre los años 2011 y 2013 antes de ser vacado de su cargo debido a una condena inhabilitante, arrastra un largo historial de apariciones en los juzgados anticorrupción. A pesar de este levantamiento en el expediente del año 2010, el entorno político local se mantiene expectante sobre el avance del resto de sus carpetas fiscales, las cuales incluyen acusaciones complejas vinculadas a licitaciones de obras emblemáticas en la Ciudad Imperial y presuntos favorecimientos a empresas constructoras internacionales.
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