Uriel Álvarez y Juana Álvarez admitieron su culpabilidad y se acogieron a la terminación anticipada por el delito de peculado doloso
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención condenó a Uriel Álvarez y Juana Álvarez como cómplices del delito de peculado doloso por apropiación, en agravio de la Municipalidad Distrital de Echarati. Ambos procesados admitieron haber actuado como «trabajadores fantasmas» para cobrar de manera irregular fondos públicos destinados a una obra que jamás se ejecutó.
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los acusados decidieron someterse al mecanismo de terminación anticipada, aceptando que sus nombres fueron incluidos de forma fraudulenta en las planillas de la comuna distrital durante el año 2017.
Sanciones impuestas por la justicia
El juzgado dictó las siguientes medidas restrictivas y correctivas en contra de los ahora sentenciados:
- Pena privativa de la libertad: Tres años y cuatro meses de prisión, la cual fue convertida a 174 jornadas de prestación de servicios a la comunidad bajo la estricta supervisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
- Inhabilitación: Impedimento para ejercer cualquier cargo, empleo o función pública por un periodo de cuatro años y dos meses.
- Días multa: El pago individual de 150 días multa, equivalente a S/ 1,275 para cada uno de los implicados.
- Reparación civil: El pago solidario de S/ 4,500 a favor del Estado peruano.
El origen del fraude en Kiteni
La investigación preparatoria fue dirigida por el fiscal adjunto provincial José André Castillo Salcedo, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención. De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos ilícitos ocurrieron en 2017, cuando exfuncionarios de la Municipalidad de Echarati simularon la ejecución del proyecto de mantenimiento de caminos peatonales en el sector de Kiteni.
La maniobra delictiva consistió en la elaboración de planillas falsas que registraban a 75 supuestos trabajadores. Mediante esta modalidad, la organización logró defraudar un total de S/ 150,374.91 del presupuesto municipal. En el caso específico de Uriel Álvarez y Juana Álvarez, las pesquisas demostraron que cada uno cobró de forma ilícita la suma de S/ 2,100, dinero que posteriormente debieron devolver como parte del proceso penal.
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