Dictan cuatro años de prisión efectiva contra un falso trabajador por tráfico de influencias en La Convención

En un paso decisivo contra la impunidad y la corrupción sistémica en el Ministerio Público, el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención logró una sentencia condenatoria de cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva contra Víctor Hugo Soto Portilla, hallado responsable en calidad de autor del delito de tráfico de influencias.

La resolución fue dictada por el Juzgado Penal Unipersonal de Descarga Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco. Además de la pena de cárcel, el magistrado a cargo fijó cuatro años de inhabilitación para el sentenciado, el pago de 180 días-multa (equivalentes a S/ 1,247.40) y una reparación civil de S/ 3,000 en favor del Estado peruano.

Los hechos materia de condena se remontan al año 2016 en las instalaciones de la Fiscalía Provincial Mixta de Echarati. De acuerdo con la sustentación del Ministerio Público, Soto Portilla se valía de una oficina interna de dicha sede para simular labores de «apoyo» administrativo, pese a no registrar ningún vínculo laboral formal con la institución. Aprovechando este acceso ilícito, el sujeto solicitó inicialmente S/ 7,000 a un ciudadano que venía siendo investigado por el delito de tentativa de feminicidio, prometiéndole interceder ante el fiscal del caso para archivar la denuncia y desaparecer físicamente la carpeta de investigación bajo el argumento de tener un supuesto lazo de parentesco con la autoridad.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Carlos Alberto Figueroa Paucarpura presentó un sólido esquema probatorio que incluyó la transcripción de un audio clave donde el ahora condenado reconocía las tratativas ilícitas, así como los testimonios de los propios trabajadores formales del despacho fiscal de Echarati, quienes confirmaron la presencia habitual de Soto Portilla en las oficinas gubernamentales. La valoración conjunta de estas evidencias científicas y testimoniales permitió destruir la presunción de inocencia del acusado, demostrando el abuso de la confianza pública para fines delictivos.