El Gobierno no contempla la reubicación generalizada de las familias que habitan en quebradas y zonas vulnerables frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. La posición del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento pone nuevamente en debate la capacidad del Estado para proteger a la población expuesta a inundaciones, deslizamientos y huaicos durante la temporada de lluvias.
La decisión responde a las limitaciones económicas y operativas que enfrenta el Estado para financiar y ejecutar el traslado de todas las familias asentadas en áreas de alto riesgo. Sin embargo, esta situación plantea un desafío urgente para las autoridades nacionales, regionales y locales, especialmente en las jurisdicciones donde el crecimiento urbano ha impulsado la ocupación de terrenos próximos a cauces de ríos, laderas y quebradas.
El posible impacto del fenómeno El Niño exige reforzar las medidas de prevención, considerando que las precipitaciones intensas pueden provocar desbordes, erosión de terrenos y movimientos de masa capaces de afectar viviendas, carreteras y servicios básicos.
Trabajos preventivos en quebradas y cauces
Entre las acciones impulsadas por el sector Vivienda figuran los trabajos de limpieza y descolmatación de cauces para reducir los riesgos asociados a las lluvias. Estas intervenciones buscan retirar sedimentos y materiales acumulados que podrían obstaculizar el flujo del agua y agravar las inundaciones.
No obstante, estas labores no eliminan completamente el peligro para las viviendas construidas en zonas expuestas a deslizamientos, desbordes o activación de quebradas. Por ello, especialistas en gestión del riesgo consideran fundamental complementar las intervenciones con evaluaciones técnicas y planificación territorial.
La situación representa una preocupación particular para regiones como Cusco, donde existen sectores urbanos y rurales próximos a quebradas, torrenteras y laderas susceptibles a la activación durante periodos de precipitaciones intensas.
Familias vulnerables requieren alternativas
La posición ministerial también abre el debate sobre las alternativas disponibles para las familias que viven en zonas peligrosas y carecen de recursos económicos para trasladarse por cuenta propia.
Si bien la prevención requiere decisiones oportunas de la población, también demanda la participación de las autoridades mediante la identificación de áreas inhabitables, la evaluación de riesgos y la implementación de mecanismos de protección para quienes se encuentran en peligro.
La reubicación de viviendas situadas en zonas declaradas de riesgo no mitigable requiere planificación, financiamiento y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. En estos casos, resulta indispensable establecer alternativas habitacionales viables y evitar que las familias permanezcan expuestas por falta de recursos.
Ante la amenaza de lluvias intensas, el principal desafío será convertir las advertencias en acciones concretas que permitan reducir la vulnerabilidad de la población, fortalecer la prevención y evitar que una emergencia climática termine en pérdidas humanas y materiales.
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