Consejera Calandra Olivera denuncia existencia de trabajadores fantasmas y ampliaciones de plazo en proyecto
Quillabamba vuelve al centro de la polémica. La consejera regional por la provincia de La Convención, Calandra Olivera Martínez, encendió las alarmas tras remitir a la Procuraduría un explosivo informe de fiscalización que advierte una presunta malversación de fondos en la obra de la Aldea Infantil. El caso no es menor. El expediente, que supera los 1,000 folios, sustenta la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Regional del Cusco ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La acción legal apunta contra exresidentes, supervisores e inspectores de obra, además de todos aquellos que resulten responsables conforme avancen las investigaciones. Según la denuncia, se habrían registrado presuntos hechos irregulares en el proyecto «Mejoramiento del servicio de la aldea infantil señor de Quillabamba»; obra que comenzó en el año 2023 y que debió ser entregado en el 2024, pero hasta la fecha se presentaron más de 7 ampliaciones que no se respetan.
Asimismo, menciono que desde el 2023 se habrían registrado más de 80 trabajadores fantasmas de manera anual, e incluso no hay un cronograma oficial de entrega de dicho proyecto en incertidumbre. La obra, aprobada inicialmente con 5 millones de soles, habría elevado su costo hasta 12 millones, acumulando 7 ampliaciones de plazo y 4 ampliaciones presupuestales, sin sustento técnico claro. Olivera señaló que, pese al alto monto, los trabajos corresponderían solo a mantenimiento, ya que la infraestructura original no habría sido demolida ni reconstruida.
Además, se advirtió que un tanque cisterna recién construido no cuenta con planos y ya presenta filtraciones. Ante estos hechos, la consejera exigió la intervención inmediata de la Contraloría y el Ministerio Público, y anunció que continuará con la fiscalización para que se determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Los hechos descritos estarían vinculados al delito de malversación de fondos, contemplado en el artículo 389° del Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de prisión e inhabilitación, dependiendo de la gravedad del caso. Mientras crece la expectativa pública, serán las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades en un proceso que ya genera fuertes repercusiones en la región. El destino de los implicados ahora queda en manos de la justicia.
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