La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad Provincial del Cusco difundió publicidad estatal durante el periodo electoral sin cumplir el marco legal vigente. Esta situación vulneró el deber de neutralidad y derivó en la imposición de amonestaciones públicas y multas por un total de 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), sancionadas por el ente electoral.
El Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 026-2026-2-0385-AOP, cuyo periodo de evaluación comprende del 3 de noviembre de 2025 al 14 de agosto de 2026, señala que la entidad incurrió en inobservancias normativas relacionadas con la difusión de publicidad en paneles informativos de obras públicas.
Entre los casos evaluados, se identificó la colocación de un cartel publicitario que consignaba el nombre y cargo de una autoridad municipal. Asimismo, se encontraron paneles de proyectos de infraestructura vial y de salud que no contaban con la presentación oportuna del reporte posterior de difusión. Pese a los requerimientos de cese y adecuación, la entidad no habría subsanado las observaciones dentro de los plazos establecidos.
El marco normativo aplicable establece que toda publicidad estatal difundida durante el periodo electoral debe contar con una justificación basada en una situación de impostergable necesidad o utilidad pública. Asimismo, prohíbe que estos anuncios incluyan el nombre, imagen, voz o cargo de funcionarios públicos y obliga a reportar, dentro de un plazo de siete días hábiles, la publicidad difundida por medios distintos a la radio y televisión.
Los hechos advertidos vulneraron el deber de neutralidad y configuraron infracciones sujetas a sanción. El informe precisa que no se habrían presentado los reportes posteriores exigidos por la normativa electoral ni se habría cumplido oportunamente con las órdenes de cese y adecuación dispuestas por la autoridad competente. Esta última, a su vez, desestimó los recursos interpuestos por la entidad y dejó consentidas las resoluciones que impusieron las sanciones.
Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, para atender o superar los hechos con indicios de irregularidad y disponer el deslinde de las responsabilidades que correspondan.
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