La presidenta Keiko Fujimori intervino este martes 22 de septiembre en el debate general de la 81.ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York, adonde viajó con una delegación de cuatro ministros tras ser autorizada por el Congreso (34 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones). Su discurso abordó tres ejes: reforma educativa, crimen organizado y derechos humanos de las fuerzas del orden.
En materia educativa, Fujimori afirmó que su gobierno «ha iniciado una profunda reforma en la educación», con mejoras en infraestructura, servicios digitales y materiales, y fortalecimiento de las capacidades docentes. El eje central es la creación de una Escuela de Formación de Directores. Cuestionó además la incorporación de una «agenda ideológica cultural ajena a nuestra realidad», que según ella habría generado «confusión y desorden» en los colegios, afirmando que los profesores no pueden imponer orden y disciplina «bajo la amenaza de ser denunciados». Planteó la educación como herramienta de «transformación social y prevención de la violencia y el crimen», señalando que «necesitamos restablecer el principio de respeto a la autoridad» en las aulas.
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Sobre seguridad, calificó al crimen organizado —narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas y extorsión— como «grupos terroristas» que «deben ser enfrentados como lo que son, enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien». Prometió perseguir «desde el que ejecuta hasta el entramado que lo sostiene», con participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, y pidió cooperación internacional coordinada.
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El punto que generó mayor controversia fue el de derechos humanos. Fujimori sostuvo que «la defensa de los derechos humanos no debe terminar convirtiendo a las víctimas en procesados y a los victimarios en protegidos», y que «los derechos del ciudadano de bien terminan cuando empieza la impunidad del delincuente». Sus palabras fueron interpretadas como una referencia a los policías y militares aún procesados por hechos del conflicto armado interno, a quienes —según la mandataria— se les habría vulnerado el debido proceso. Pidió a la comunidad internacional actuar «con la misma firmeza ante todas las vulneraciones».
La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello respondió defendiendo el derecho de las víctimas a la justicia: «los malos agentes del Estado tienen que estar presos». El planteamiento de Fujimori se da en un contexto en el que el fujimorismo impulsa en el Congreso lo que distintos medios han descrito como una «tercera ley» orientada a limitar los procesos judiciales contra policías y militares por estos hechos.






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