Julio Rodríguez sobre denominadas ‘leyes procrimen’: “Es un discurso absolutamente político sin ningún tipo de contenido jurídico”

El abogado penalista sostuvo que varias de las normas cuestionadas buscan adecuar la legislación peruana a estándares internacionales. No obstante, calificó la Ley 31989 como una norma “prominería ilegal”.

El abogado penalista Julio Rodríguez Delgado señaló que la calificación de “leyes procrimen” por algunos sectores a un conjunto de normas que aparentemente benefician a la criminalidad “no tiene ningún tipo de sustento jurídico”.

“Para mí es un discurso absolutamente político sin ningún tipo de contenido jurídico el llamar a estas leyes procrimen. Porque si entendemos que muchas de estas leyes lo que están haciendo es ajustar nuestras normas a estándares internacionales de respeto de derechos humanos, ¿eso nos convierte en que se están dando leyes pro-crimen? Eso es absurdo”, indicó el abogado.

Ley 31751

En diálogo con Ampliación de Noticias, Rodríguez Delgado explicó que en el caso de la ley 31751, la prescripción de un delito es un derecho reconocido desde hace más de un siglo y evita que los ciudadanos sean sometidos a investigaciones indefinidas.

“Lo que estamos acá es ante una discursiva política que carece de contenido de fondo. Porque el que se ajusten normas a derechos fundamentales, por ejemplo, el tema de la prescripción. La prescripción ha sido declarada un derecho humano, y no hace 10 años, no hace 20, hace más de 150. El famoso statute of limitations es el límite que tiene que tener el Estado para perseguir el delito. El monstruo estatal persigue al ciudadano, no lo puedo dejar al ciudadano a merced de una persecución indefinida de tiempo”, apuntó.

Ley 32108

Por otro lado, en el caso de la ley 32108, el especialista sostuvo que la modificación corrigió una definición demasiado amplia del delito de organización criminal.

“Cuando se le imputó al expresidente [Pedro Pablo] Kuczynski para tratar de involucrarlo en organización criminal, colocaron a él, a su chofer y a su secretaria. Tres, listo, organización criminal. Esto era burdo. Había un abuso porque la tipificación era demasiado laxa [y] extensa. Organización criminal existe en el mundo, claro que existen, pero no son todas las organizaciones calificadas como criminales. Hay requisitos, y la norma lo que ha hecho es establecer requisitos puntuales”, anotó.

Además, Rodríguez afirmó que la mencionada reforma respondió a la necesidad de poner límites a una Fiscalía que, según dijo, se encuentra politizada.

“Lo que estaba detrás era una necesidad de limitar la persecución de la Fiscalía. Tristemente una Fiscalía que no tengo dudas el día de hoy, a partir de información que se ha revelado el día de ayer, que hay una Fiscalía terriblemente politizada”, acotó.

Ley 31989

Respecto a la ley 31989, la cual flexibiliza el control sobre el uso de explosivos y fue respaldada por el candidato Roberto Sánchez, el letrado consideró que la norma es “prominería ilegal” y se mostró en desacuerdo con ella.

“Más allá de ser de ser calificada como procrimen o no, es una ley que favorece a un grupo que está explotando ilegalmente y dentro de ello han filtrado facultades que no le corresponden. […] [La calificaría de] prominería ilegal, que es más técnico, y le han limitado las facultades a la Policía también para intervenir a los que tienen Reinfo, cuando los que están en el Reinfo, algunos sí evidentemente buscan ser formales y otros se colocan en la lista para mantenerse ad infinitum en esa lista y nunca llegar a ser formales para poder tener beneficios indebidos”, dijo.

Asimismo, señaló que el fin de dicha norma sería el financiamiento de organizaciones políticas y puntualmente mencionó a Juntos por el Perú.

«Si le diésemos una denominación coloquial, yo le diría esta es una ley pro-financiamiento de Juntos por el Perú, porque el REINFO aparentemente y todos los involucrados allí, han financiado el partido político de Sánchez», indicó.