Werner Salcedo denuncia falta de coordinación entre sectores del Estado y advierte un escenario de informalidad en el acceso al santuario
La discusión sobre el acceso a Machu Picchu vuelve al centro del debate público en medio de tensiones que combinan factores legales, sociales y administrativos. La falta de definiciones claras en torno al transporte de visitantes hacia la ciudadela inca expone un problema más amplio: la ausencia de coordinación entre distintos niveles del Estado y la persistencia de vacíos normativos.
En ese contexto, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, ofreció una evaluación crítica sobre la situación actual. Durante una entrevista con RPP, el funcionario describió un escenario marcado por decisiones contradictorias, servicios cuestionados y una creciente percepción de abandono institucional. Sus declaraciones apuntan tanto al Gobierno central como a los organismos sectoriales que, según indicó, no logran articular una respuesta conjunta.
El tema no solo involucra el flujo turístico, que constituye uno de los principales ingresos del país, sino también la sostenibilidad del entorno y las condiciones de vida de las comunidades cercanas. En ese cruce de intereses, el acceso a Machu Picchu se convierte en un punto de fricción constante.
El eje del problema radica en el servicio de transporte entre el poblado de Aguas Calientes y el santuario histórico. Según explicó Salcedo, existen empresas que operan sin autorización clara, lo que genera incertidumbre legal. “Tenemos dos empresas sin autorización brindando el servicio del transporte de Machu Picchu pueblo al centro arqueológico”, afirmó.
El gobernador identificó a las empresas involucradas como San Antonio de Torontoy y Consetur. En el caso de la primera, precisó que su autorización temporal quedó anulada por una decisión de la Autoridad Nacional del Agua, lo que impide el uso de una franja cercana al río Vilcanota para estacionamiento de buses.
A pesar de ello, el conflicto no encuentra una salida definitiva. “Lo que nosotros hasta ahora estamos viendo es que no hay una solución”, señaló Salcedo, quien también cuestionó la falta de respaldo al municipio provincial, entidad que recibió facultades para intervenir en el tema.
Descoordinación entre sectores del Estado
El gobernador insistió en que el problema supera el ámbito local. Según detalló, al menos cinco sectores deben participar en la toma de decisiones: Cultura, Turismo, Medio Ambiente, Transportes y Comercio Exterior. Sin embargo, indicó que ninguno ofrece una respuesta clara. “No tenemos a este momento lo que se necesita tener: la claridad en la solución”, expresó.
En su diagnóstico, la ausencia de liderazgo desde el nivel central dificulta cualquier intento de ordenamiento. Salcedo también criticó la emisión de resoluciones contradictorias. “Sacan una resolución autorizando, ahora la desautorizan. Fíjate en la precariedad en la cual se encuentra nuestro gobierno central”, declaró, en referencia a los cambios en permisos vinculados al transporte.
El escenario se complica con la presencia de asentamientos informales en áreas cercanas a la zona de amortiguamiento del sitio arqueológico. El gobernador mencionó el caso de un grupo de aproximadamente doscientas personas instaladas en espacios restringidos. Desde su perspectiva, estas ocupaciones responden a una falta de oportunidades. “Esas familias, en su natural aspiración, quieren ser partícipes, quieren incluirse en la cadena, en el círculo de negocios”, indicó.
Aun así, dejó claro que no respalda estas acciones: “No justifico, pero sí estoy diciendo quién es el responsable”. El funcionario vinculó esta situación con la falta de servicios básicos en comunidades cercanas, pese a los ingresos que genera el turismo. “¿De qué me sirve tener doscientos ochenta millones de ingreso solo por las entradas de Machu Picchu (…) cuando nosotros hemos sometido estas comunidades a no tener servicios básicos?”, cuestionó.
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