El Ministerio Público de Cusco dispuso el inicio inmediato de diligencias preliminares en contra del ingeniero Walter Olivera Ricalde y otros implicados, tras detectarse graves indicios de corrupción y desvío de fondos públicos en el proyecto de mejoramiento del servicio de la cbmbm, ubicado en la provincia de La Convención.
De acuerdo con la documentación oficial integrada en la Carpeta Fiscal, Olivera Ricalde es investigado en su condición de inspector de obra por la presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública en las modalidades de malversación de fondos y peculado doloso en agravio del Estado. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha tomado el caso ante el riesgo inminente de impunidad y el perjuicio social directo a un albergue destinado a menores en situación de vulnerabilidad.
El modus operandi: Más de 900 mil soles en desembolsos irregulares
La disposición fiscal detalla de manera pormenorizada dos principales modalidades delictivas que sustentan la apertura de esta investigación preliminar:
- Pagos a personal no contemplado (S/ 434,571.71): Se identificó el desembolso sistemático de planillas dirigidas a trabajadores cuyos perfiles, funciones o puestos no se encontraban presupuestados ni autorizados dentro de los expedientes técnicos aprobados para la obra.
- Pagos a personal sin registro de asistencia (S/ 531,534.59): La documentación contable y operativa señala que se transfirieron fuertes sumas de dinero a personas que no registraron marcas de asistencia física ni partes diarios de trabajo en las instalaciones de la Aldea Infantil, lo que preliminarmente encaja con la figura de «trabajadores fantasmas».
El desfalco financiero acumulado en estos dos rubros asciende a un total de S/ 966,106.30, un monto que debió emplearse exclusivamente en el equipamiento técnico, infraestructura y talleres formativos de la institución.
Responsabilidades del inspector y pasos a seguir
Dentro de la normativa de contrataciones del Estado, el inspector de obra es el profesional técnico encargado de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del presupuesto. La Fiscalía atribuye a Olivera Ricalde la presunta omisión de funciones y visación de informes adulterados que facilitaron el cobro indebido de estas planillas millonarias.
Las autoridades fiscales han ordenado el deslacrado y la incautación de los cuadernos de obra, los tareos de personal, los comprobantes de pago emitidos por el área de administración y la programación de las declaraciones de los implicados. De hallarse culpabilidad en las etapas posteriores del proceso penal, las penas efectivas por peculado doloso y malversación podrían sumar hasta 12 años de pena privativa de la libertad.
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