El debate sobre el modelo turístico de Cusco ha dejado de ser una abstracción teórica para estrellarse, literalmente, contra la realidad de nuestras carreteras andinas. Si hace poco examinábamos las profundas brechas socioeconómicas de la región, hoy la mirada periodística debe posarse sobre el foco de tensión en Machupicchu Pueblo: la polémica operación de la empresa comunal San Antonio de Torontoy, cuya accidentada incursión en la ruta Hiram Bingham sintetiza de forma alarmante la crisis de fiscalización, seguridad institucional y gobernanza que padece nuestro sector más estratégico.
Lo que inicialmente se perfiló como una alternativa para romper el histórico monopolio del transporte hacia la Llaqta, ha devenido en una crónica de irregularidades que ningún discurso de «reivindicación local» puede justificar. La seguridad de miles de visitantes internacionales y nacionales pende de un hilo. Recientemente, se encendieron alertas rojas tras denunciarse que unidades de Torontoy circulaban con revisiones técnicas vencidas. Esta flagrante negligencia operativa se materializó hace apenas unos días en un choque frontal en plena ruta entre un bus de esta compañía y un vehículo de la Dirección Desconcentrada de Cultura, un siniestro vial que afortunadamente no costó vidas, pero que desnuda el desprecio técnico con el que se gestionan estas concesiones.
Sin embargo, los problemas de Torontoy van más allá de la mecánica de sus buses; rozan la ilegalidad ambiental y territorial. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) anuló de forma categórica la autorización temporal que permitía a la empresa usar la faja marginal del río Vilcanota como estacionamiento, recordando a los operadores que el transporte turístico no califica automáticamente como servicio público desregulado y exige permisos estrictos que la firma simplemente no posee. A esto se le suma el frente judicial: la Municipalidad de Urubamba se vio forzada a anular contratos con Torontoy citando la entrega de «información inexacta», en medio de un torbellino legal que incluye denuncias penales por presunta colusión.
Este escenario de caos —aderezado con acusaciones internas de presuntas estafas entre comuneros, bloqueos de vías y una abierta resistencia a acatar las órdenes de las autoridades ambientales— demuestra que el problema del transporte hacia Machu Picchu no se resuelve cambiando un operador cuestionable por otro informal.
El turista que ahorra durante años para pisar suelo sagrado no distingue de disputas empresariales; se lleva consigo la impresión de un destino caótico, violento e inseguro. El Cusco no puede permitir que la codicia de unos pocos y la debilidad de sus fiscalizadores conviertan nuestra mayor joya arqueológica en un mercado de transportistas sin ley. La ley y la seguridad técnica deben imperar, o el futuro de nuestra principal vitrina al mundo terminará por desbarrancarse.
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