El gobierno de España aprueba dos reales decretos contra la crisis de vivienda, pero su soberanía queda en manos del congreso

Tras una intensa negociación que se prolongó hasta la madrugada, el Consejo de Ministros de España aprobó este martes dos reales decretos-ley destinados a mitigar la crisis habitacional. El paquete legislativo introduce severas restricciones al mercado inmobiliario y amplía las protecciones a los inquilinos. Sin embargo, su aplicación definitiva e indefinida dependerá del Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo de coalición de izquierdas no cuenta con una mayoría garantizada.

La decisión de estructurar el plan en dos normativas independientes responde a una estrategia del oficialismo —compuesto por el PSOE y Sumar— para facilitar la validación parlamentaria por separado, aislando los puntos de mayor urgencia de aquellos que requieren alianzas más complejas con partidos nacionalistas de corte conservador.

El primer decreto concentra las medidas del denominado «escudo social» y la regulación de la oferta temporal. Entre las principales novedades destacan la suspensión de desahucios hasta el año 2030 para personas en situación comprobada de vulnerabilidad que carezcan de alternativa habitacional, y la imposición de restricciones a los llamados «fondos buitre» para prohibir compras especulativas. Asimismo, se endurece la normativa sobre los arrendamientos por habitaciones y turísticos, y se decreta una prórroga extraordinaria de contratos vigentes hasta 2028 con incrementos del 0%. El segundo texto legal se reserva estrictamente para los criterios de renovación obligatoria de contratos de alquiler vigentes.

La aprobación de estas medidas coincide con una oleada de manifestaciones y acampadas masivas en Madrid, Málaga y Sevilla. La indignación social escaló sustancialmente tras el desahucio mediático de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años con discapacidad desalojada en el barrio madrileño de El Retiro, convirtiéndose en el catalizador de las protestas.

A pesar de que el Sindicato de Inquilinos catalogó los anuncios como una «victoria del poder popular», el panorama legislativo es complejo. En el plano político, el Gobierno requiere coordinar los votos de formaciones dispares como Podemos, ERC, Bildu y Junts per Catalunya para evitar que las medidas sufran un revés en la cámara baja.