El alcalde de Urubamba busca complicar aún más el acceso a Machupicchu

Al no lograr finalizar el proceso de licitación, ahora intenta otorgar un título habilitante fuera del marco legal

Ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos para avanzar con la licitación de la ruta Hiram Bingham, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, parece estar en un estado de desesperación debido a su incapacidad para implementar una solución definitiva al servicio de transporte entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela inca de Machu Picchu.

Ahora ha anunciado que está evaluando la posibilidad de otorgar títulos habilitantes a dos empresas para operar en dicha ruta, una medida que, lejos de resolver el problema, podría generar mayores conflictos y entramados legales. Según información difundida en medios locales de Urubamba, una de estas empresas sería Wayna Picchu, acusada anteriormente de prácticas corruptas y envuelta en un caso judicial en 2017 relacionado con sobornos. La otra sería San Antonio de Torontoy, empresa con antecedentes de graves infracciones contractuales que llevaron a la anulación de su acuerdo con la municipalidad en septiembre de 2025.

Ambas tienen serios cuestionamientos legales que podrían agravar aún más la situación. La empresa Wayna Picchu fue mencionada específicamente por el alcalde. Este consorcio estuvo implicado en un caso ilícito comprobado por la Corte Suprema de Justicia, que dictó nueve meses de prisión preventiva contra la ex jueza Bony Gamarra. Dicha magistrada aceptó sobornos por un valor de 50 mil dólares para emitir un fallo favorable que permitió a Wayna Picchu operar en la polémica ruta. Posteriormente, Gamarra fue destituida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia.

Aunque no se ha confirmado formalmente si este movimiento corresponde a una solicitud directa de dicha empresa o si hubo acuerdos informales entre sus directivos y la alcaldía, su inclusión en las evaluaciones genera preocupación. Sobre el caso de San Antonio de Torontoy, cabe recordar que, tras un contrato firmado en septiembre de 2025, la Municipalidad Provincial de Urubamba anuló este acuerdo en diciembre del mismo año debido a múltiples irregularidades. Entre ellas, se encontraba el registro de vehículos ajenos al consorcio para prestar servicio en la ruta. Esta situación ha provocado cuestionamientos graves, al punto de que el ciudadano Guillermo Enrique Rodríguez Cornejo solicitó oficialmente la suspensión del alcalde Ronald Vera Gallegos por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del servicio de transporte.

Según la solicitud presentada al Concejo Municipal, la municipalidad habría recurrido a un procedimiento excepcional para contratar directamente al consorcio San Antonio de Torontoy tras la expiración programada del contrato anterior. Sin embargo, esta decisión no respondería a una situación imprevista, sino más bien a una falta de planificación institucional frente a un hecho anticipadamente conocido. Además, varias observaciones técnicas y advertencias previas habrían señalado inconsistencias en dicho procedimiento, lo que ha intensificado los reclamos por una intervención política y administrativa más decidida.

La resolución N° 218 del 31 de diciembre de 2025 detalla las razones detrás de la nulidad del contrato con San Antonio de Torontoy y ordena investigar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas al caso. En medio de este clima tenso, las declaraciones recientes del alcalde Ronald Vera en una entrevista radial han complicado aún más el panorama. Antes que adoptar medidas concretas para encaminar una solución duradera y transparente sobre la concesión del transporte hacia Machu Picchu, parece estar encaminado a profundizar el caos en una ruta clave para la actividad turística y económica del Cusco.