La propuesta contempla un paquete de compensaciones financieras adicionales a los beneficios de ley para los servidores que se acojan al programa.
En el marco de las reformas de eficiencia administrativa y consolidación fiscal contempladas para el segundo semestre del año, el gobierno central liderado por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi viene evaluando un mecanismo técnico legal para incentivar la desvinculación voluntaria de personal en diversas dependencias del Estado.
La iniciativa, coordinada entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), propone la entrega de una bonificación o compensación económica extraordinaria a aquellos servidores públicos bajo regímenes laborales determinados que opten por disolver su vínculo contractual con el aparato estatal. Con esta medida, el Ejecutivo busca generar un ahorro estructural en el rubro de servicios personales, reorientando dichos recursos hacia proyectos de inversión pública en infraestructura y seguridad ciudadana.
Criterios técnicos del programa en evaluación
Fuentes cercanas al diseño de la norma señalaron que el programa se aplicaría de manera prioritaria en ministerios y organismos reguladores que registren duplicidad de funciones o una sobrepoblación de puestos administrativos tras los procesos de digitalización del Estado. Aunque los montos oficiales y las escalas de los incentivos económicos se mantienen en reserva bajo evaluación de las direcciones de presupuesto, se conoció que el cálculo final tomará como base los años de servicios prestados y el promedio de las últimas remuneraciones percibidas.
El plan prevé también cláusulas de restricción temporal, las cuales impedirían que los trabajadores que acepten estos incentivos económicos individuales puedan volver a postular o ser contratados por cualquier entidad del Estado por un periodo mínimo de cinco años, garantizando así la efectividad de la reducción de la planilla global.
Reacciones en el sector laboral
El anuncio preliminar de esta reforma ha generado inmediatas reacciones en el sector civil. Representantes de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que este programa de renuncias voluntarias camufle presiones indirectas o despidos encubiertos en las regiones. Frente a ello, las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) enfatizaron que el proceso mantendrá un carácter estrictamente opcional y respetará los derechos fundamentales de estabilidad laboral de los trabajadores que decidan continuar en sus puestos.
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