La Corte Superior de Justicia de Cusco, a través del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria liderado por la jueza Alicia Vargas León, declaró fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público y dictó 14 meses de prisión preventiva contra cuatro mujeres. Las ciudadanas fueron intervenidas en flagrancia cuando pretendían introducir marihuana al Establecimiento Penitenciario de Varones – Quencoro. La medida judicial restrictiva comenzó a computarse desde el pasado 29 de agosto de 2026 y vencerá de forma oficial el 28 de octubre de 2027.
Las imputadas fueron identificadas como Ruth Eufemia Machaca Huallpa (25), Hellen Estefany Yumbato García (24), Yesica Rosaura Gavancho Guardapuclla (23) y Arabella Isamar Terrones Lozano (35). Todas ellas vienen siendo procesadas como presuntas autoras del delito contra la salud pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, bajo el subtipo de favorecimiento al consumo ilegal mediante actos de tráfico agravado, debido a que el hecho se perpetró en las inmediaciones de un centro de reclusión y con el concurso de una pluralidad de personas.
Intervención en flagrancia y hallazgo de sustancias
Los hechos materia de investigación ocurrieron la mañana del 29 de agosto de 2026. Aproximadamente a las 07:10 horas, agentes de la Comisaría PNP San Jerónimo detuvieron a Gavancho Guardapuclla y Machaca Huallpa en el perímetro exterior de Quencoro tras mostrar una actitud sospechosa. Durante el registro reglamentario, la policía les incautó paquetes de marihuana ocultos en una mochila, en el brasier y en las zonas íntimas de las intervenidas, además de una balanza electrónica.
Posteriormente, a las 09:10 horas, el personal policial arrestó en la fila de ingreso al reclusorio a Terrones Lozano y Yumbato García, hallando en poder de la primera una bolsa adicional con el mismo estupefaciente.
Operación coordinada y prognosis de pena
Las pesquisas preliminares de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Cusco demostraron que las cuatro mujeres actuaban de forma coordinada. El cruce de información tecnológica reveló que mantenían comunicación fluida vía WhatsApp, pernoctaron juntas la noche anterior en un hospedaje cercano y registraban visitas coincidentes al penal en fechas previas.
Aunque el Ministerio Público solicitó inicialmente un plazo de 18 meses, la judicatura fijó la medida en 14 meses tras corroborar la insuficiencia de arraigos de las encausadas y la gravedad de la prognosis de la pena, la cual podría superar los 15 años de pena privativa de la libertad.
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