Centro infantil operaba con el número de resolución ministerial perteneciente a otro colegio
Madre de familia revela que su hijo fue agredido en el plantel, sumándose al video que provocó el cierre del establecimiento
Una nueva y alarmante denuncia remece el sector educativo en la Ciudad Imperial. Una madre de familia reveló públicamente que su menor hijo también habría sido víctima de violencia física y psicológica dentro de la cuna guardería “Joyitas”, ubicada en la zona de Santa Ana. Este testimonio se suma al escándalo desatado tras la reciente difusión de un video que evidenció la agresión contra otro infante en el mismo establecimiento.
En declaraciones para un medio nacional, la progenitora detalló que el menor le confesó los maltratos sufridos en el aula; sin embargo, no dispone de registros fílmicos debido a que el ataque ocurrió en un periodo donde el local no contaba con cámaras de seguridad instaladas.
Cierre de local y falsificación de documentos
Ante la difusión de las evidencias de maltrato, la guardería —que albergaba a cerca de 45 niños— suspendió intempestivamente sus operaciones y retiró el nombre comercial de su fachada. Durante las últimas horas de la noche, los promotores devolvieron los útiles y pertenencias a los padres, dejando en el aire la entrega de las libretas de notas y los registros académicos oficiales.
La indignación de las familias aumentó al descubrirse un presunto fraude administrativo. Un padre de familia, empleado de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), detectó que el número de resolución directorial que la guardería consignaba en la lista de útiles pertenece en realidad a otra institución educativa. Con esta maniobra, el centro infantil habría estado operando de manera informal, careciendo de autorización real para ingresar calificaciones al sistema oficial del Ministerio de Educación (Minedu).
Trabajadora reincidente e investigación de oficio
La madre denunciante también alertó que la presunta agresora es una trabajadora que ya había sido separada del cargo el año pasado por conductas violentas similares, pero que fue recontratada de forma irresponsable para el presente año escolar.
Frente a la gravedad de los hechos, tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) como el Ministerio Público de Cusco han tomado el caso e iniciado las investigaciones penales correspondientes. Por su parte, las familias afectadas exigieron a la Municipalidad del Cusco y a la UGEL ejecutar fiscalizaciones drásticas e inmediatas a todas las guarderías y centros de cuidado infantil que operan en la provincia para evitar nuevas tragedias.







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