CUSCO NECESITA AUTORIDADES QUE RINDAN CUENTAS

La transparencia, la fiscalización y la capacidad de gestión deben ser prioridades para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en resultados concretos.

La ciudadanía cusqueña tiene razones suficientes para exigir más responsabilidad a sus autoridades. En una región que constituye uno de los principales destinos turísticos del Perú, las necesidades de la población continúan demandando respuestas efectivas en infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana y servicios básicos. Sin embargo, la distancia entre las promesas políticas y los resultados concretos sigue siendo una preocupación que merece atención pública.

El problema de la gestión pública no se limita a cuánto dinero recibe una institución o cuántos proyectos anuncia. La verdadera medida de una administración está en su capacidad para ejecutar obras de calidad, resolver problemas históricos y mejorar las condiciones de vida de la población. Un presupuesto elevado pierde sentido cuando no se transforma oportunamente en servicios, oportunidades y desarrollo.

En este escenario, la fiscalización cumple una función indispensable. Los consejos regionales, los concejos municipales, los organismos de control y las organizaciones de la sociedad civil deben ejercer sus atribuciones con independencia, rigor y responsabilidad. No basta con denunciar presuntas irregularidades cuando estas adquieren notoriedad pública; es necesario investigar, documentar los hechos y exigir que las instituciones competentes determinen las responsabilidades que correspondan.

Cusco necesita superar una cultura política en la que las explicaciones llegan tarde y las decisiones administrativas se conocen únicamente cuando estallan las controversias. La transparencia debe ser una práctica permanente, especialmente cuando están en juego contratos públicos, concesiones, licitaciones y servicios vinculados con actividades estratégicas como el turismo.

La situación del transporte hacia Machupicchu constituye un ejemplo de la importancia de contar con reglas claras, procedimientos transparentes y decisiones técnicamente sustentadas. La administración de una ruta fundamental para el turismo no puede convertirse en un escenario de incertidumbre que perjudique a los visitantes, a los trabajadores y a los empresarios que desarrollan sus actividades en condiciones legales.

Asimismo, las autoridades deben comprender que la participación ciudadana no representa una amenaza para la gestión pública. Por el contrario, una sociedad organizada que solicita información y fiscaliza las decisiones contribuye a fortalecer la democracia, siempre que sus cuestionamientos se sustenten en hechos verificables y se desarrollen por vías institucionales.

El desafío también alcanza a las autoridades regionales y nacionales, que deben coordinar esfuerzos para atender las brechas sociales, mejorar la conectividad y promover inversiones sostenibles. Cusco no puede depender exclusivamente de su riqueza histórica y turística mientras numerosos sectores esperan servicios públicos eficientes y oportunidades de desarrollo.

La población tiene derecho a conocer qué hacen sus representantes, cómo utilizan los recursos y qué resultados alcanzan. Por eso, la rendición de cuentas no debe entenderse como una concesión política, sino como una obligación inherente al ejercicio de la función pública.

Cusco necesita autoridades que comprendan que gobernar significa servir, planificar y responder por sus decisiones. La confianza ciudadana no se recupera con discursos ni campañas de imagen, sino con resultados verificables, honestidad y respeto por el dinero de todos.

La región merece una gestión pública a la altura de su historia y de las aspiraciones de su gente. Exigir transparencia no es oponerse al desarrollo; es defender las condiciones indispensables para que ese desarrollo sea real, sostenible y beneficie a toda la población.