Una alarmante escalada de violencia y tensión sacude el distrito de Machu Picchu tras desatarse un violento conflicto por la posesión y operatividad de los buses de la empresa San Antonio de Torontoy, los cuales cubren la estratégica ruta Hiram Bingham hacia la ciudadela inca. Los incidentes, ocurridos en las inmediaciones de Puente Ruinas, incluyeron conatos de pelea, denuncias de retención ilegal de personas y alertas ante presuntas amenazas de incendiar las unidades vehiculares.
El conflicto se originó luego de que un grupo de terceros, identificados como los verdaderos propietarios de varios de los vehículos que actualmente utiliza Torontoy, se apersonara a la zona con el objetivo de recuperar sus herramientas de trabajo para operarlas de manera directa. Esta acción provocó una respuesta inmediata y hostil por parte de los operadores actuales, desatando un enfrentamiento físico y verbal que requirió la intervención de urgencia de las fuerzas del orden.
Intervención policial y detenciones
De acuerdo con el acta de intervención policial con fecha del 30 de agosto, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se trasladaron a Puente Ruinas tras recibir una alerta sobre una aglomeración de aproximadamente 30 personas en actitud confrontacional.
Durante el desarrollo de las diligencias, una ciudadana denunció formalmente haber sido retenida contra su voluntad y agredida físicamente en el interior de uno de los buses vinculados a la empresa Torontoy. Tras las indagaciones en la carretera Hiram Bingham, la Policía localizó dos buses de transporte turístico de la mencionada compañía. Uno de los conductores fue plenamente identificado por la presunta agraviada y quedó bajo detención policial. Ambas unidades vehiculares fueron puestas bajo custodia del Estado; las autoridades dejaron constancia en el parte oficial de que se implementaron medidas de protección especiales debido a insistentes versiones de civiles que manifestaban la intención de dañar o incluso incendiar los buses.
Filtraciones y convocatorias de emergencia
La gravedad de la situación quedó registrada en capturas de pantalla de un grupo de mensajería instantánea (WhatsApp), atribuidas a Dayve Tapia Sant, presidente del directorio de Torontoy. En los mensajes filtrados, Tapia Sant convoca con carácter de «urgencia» y «emergencia» a todos los socios a movilizarse hacia la boletería de Torontoy y a Puente Ruinas, argumentando que uno de sus carros había sido «retenido» o «secuestrado» por pobladores.
«Necesito de emergencia que se hagan presente todos los socios en Machupicchu hoy en la noche», se lee en uno de los textos recopilados, seguido de arengas de otros miembros del grupo que instaban a viajar de inmediato al distrito para «recuperar nuestro carro» y «actuar».
El trasfondo: Una licitación cuestionada
Este estallido de violencia ocurre en un contexto de profunda incertidumbre legal. La empresa Torontoy continúa operando en la codiciada ruta hacia el santuario histórico a pesar de que su contrato de concesión fue anulado. Este escenario es el resultado directo de la polémica licitación pública impulsada por el alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, un proceso que ha sido duramente catalogado por regidores, empresarios del sector y críticos locales como una “licitación mamarracho” debido a sus aparentes vicios técnicos y legales.
Las autoridades competentes y el Ministerio Público ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los delitos de agresión, coacción y presunto secuestro, mientras la población local y los operadores de turismo exigen garantías de seguridad en la vía más importante para el turismo receptivo del país.
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