Contraloría detecta incumplimientos en la gestión del alcalde de Santiago, Sergio Sullca, respecto a la ley de discapacidad

Informe de control advierte afectaciones a los derechos de inclusión y exige la implementación inmediata de un plan de corrección.

La Contraloría General de la República detectó una serie de situaciones adversas e incumplimientos normativos en la gestión del alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago, Sergio Sullca Condori, relacionados con la aplicación obligatoria de la Ley N° 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad). El informe emitido por el órgano de control evidenció deficiencias críticas tanto en los procesos de contratación laboral como en la infraestructura física de la sede municipal.

Hallazgos clave del informe de control

Tras las acciones de supervisión y fiscalización y la revisión de los registros administrativos de la comuna santiaguina, los auditores de la Contraloría identificaron los siguientes hechos:

• Brecha en contratación: La entidad edil no cumple con la cuota de empleo obligatoria que exige que al menos el 5% de la totalidad de su personal (en planillas y diversas modalidades de contratación) esté conformado por personas con discapacidad.
• Barreras de accesibilidad: La infraestructura institucional presenta serias deficiencias en accesibilidad urbana y arquitectónica. La falta de rampas normadas, señalética inclusiva y adecuaciones en las oficinas públicas restringe el libre tránsito de los usuarios y de los propios trabajadores con movilidad reducida.
• Presupuesto desatendido: Se detectaron debilidades en la asignación y ejecución de los fondos específicos que, por ley, deben destinarse exclusivamente a financiar proyectos, obras y servicios de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).

Exigencia de medidas correctivas

Estas irregularidades vulneran el marco legal de inclusión social e institucional y exponen a la Municipalidad Distrital de Santiago a drásticas sanciones económicas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

El informe técnico fue comunicado formalmente al alcalde Sergio Sullca para que su administración adopte, con carácter de urgencia, las acciones correctivas pertinentes. Las organizaciones civiles y los colectivos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Santiago han manifestado su indignación y exigen que la autoridad edil rinda cuentas públicas sobre las medidas inmediatas que tomará para revertir esta situación de exclusión.