La Contraloría General de la República reveló un grave hecho que golpea la confianza ciudadana.
El Concejo Municipal de San Sebastián aprobó en marzo de 2025 un incremento ilegal de las dietas de los regidores, elevándolas de S/ 1 365 a S/ 2 805, pese a la prohibición expresa de la Ley de Presupuesto del Sector Público, generando un perjuicio económico de S/ 47 541,78 entre abril y junio de ese año.
El órgano de control verificó que los regidores cobraron S/ 1 402 por cada sesión, realizando dos sesiones mensuales, dejando sin efecto un acuerdo vigente desde 2023 que fijaba el monto original para el periodo 2023–2026. Estos pagos irregulares, efectuados durante tres meses, vulneraron la normativa presupuestal y afectaron el uso legal y correcto de los recursos públicos, según el informe oficial N.° 153-2026-CG/GRCU-AOP.
La situación ya fue comunicada a la alcaldesa encargada, Jackeline Jiménez, para que adopte medidas y determine responsabilidades. Aunque un regidor sostuvo que el aumento se sustentó en informes legales y presupuestales, el municipio terminó dejando sin efecto la medida meses después, cuando el daño ya estaba hecho.
Un nuevo caso que deja una pregunta incómoda: ¿quién responde por el dinero público utilizado al margen de la ley?
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