Informe de control revela múltiples resoluciones del JNE que determinan responsabilidad directa del Gobernador Werner Máximo Salcedo Álvarez.
La Contraloría General de la República ha emitido una alerta institucional ante el manejo de la publicidad estatal en el Gobierno Regional de Cusco (GRC). El Informe de Orientación de Oficio N° 004-2026-OCI/5337- SOO revela que la entidad ha incurrido en transgresiones normativas de manera reiterada, desafiando las prohibiciones establecidas para el periodo de Elecciones Generales 2026. Sistemática vulneración de la Neutralidad: El órgano de control destaca que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de conductas que afectan la equidad del proceso electoral.
Entre los hallazgos más graves se encuentran: Personalismo en la Publicidad: Se detectó el uso indebido de la imagen del Gobernador Regional en piezas publicitarias difundidas en televisión (Canal 2 – CTC) y redes sociales, lo cual está estrictamente prohibido para evitar el aprovechamiento del cargo.
Desobediencia a las Órdenes de Retiro: El Jurado Electoral Especial (JEE) tuvo que intervenir en diversas ocasiones para ordenar el cese de publicidad en paneles físicos y plataformas digitales (Facebook, Instagram, TikTok y YouTube) que no contaban con autorización ni justificaban una «necesidad impostergable». Reincidencia documentada: El informe recopila al menos cinco expedientes del JNE (entre septiembre y diciembre de 2025) donde se determina la responsabilidad personal del titular del pliego por infracciones a los artículos 18 y 20 del Reglamento de Propaganda Electoral.
Impacto Económico: El costo de la imprudencia:
La Contraloría advierte con dureza que estas infracciones no solo manchan la transparencia del proceso, sino que representan una amenaza directa al presupuesto regional. El pago de posibles multas impuestas por el JNE que pueden oscilar entre 30 y 100 UIT por cada infracción constituye un daño económico a la entidad provocado por la inobservancia de la ley.
Exigencia de Medidas Inmediatas
Ante la gravedad de los hechos, el Órgano de Control Institucional (OCI) ha otorgado un plazo de cinco (5) días hábiles al Gobierno Regional para que comunique las acciones preventivas o correctivas adoptadas. La Contraloría enfatiza que el cumplimiento de las normas de neutralidad es obligatorio para todos los servidores públicos, sin excepciones, para garantizar que los recursos del Estado no sean utilizados con fines proselitistas.
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