Marilia Pérez fue hallada culpable del delito de colusión simple tras simular un proceso de contratación de S/ 10 000 para la Compañía de Bomberos N.º 95
En un contundente fallo contra la impunidad en la administración pública, el Poder Judicial del Cusco dictó cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva contra la exservidora de la Municipalidad Distrital de Echarati (La Convención), Marilia Pérez, al ser hallada responsable del delito de colusión simple en agravio del Estado.
La sentencia penal establece, además de la reclusión, la inhabilitación inmediata de Pérez para ejercer cualquier cargo público por un periodo de cuatro años. Asimismo, se fijó el pago de S/ 10 000 por concepto de reparación civil, el cual deberá ser cancelado de manera solidaria junto al empresario coimputado, Máximo Valdivia. Sobre este último, el órgano judicial fijó únicamente responsabilidad civil debido a que la acción penal en su contra ya había prescrito.
El fraude de la licitación simulada
La acusación fiscal, sustentada en juicio oral por la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Anticorrupción de La Convención, Lisbeth Paucar Fernández, demostró que los hechos ilícitos se cometieron en el año 2014. En ese periodo, la comuna ejecutaba un proyecto para fortalecer la Compañía de Bomberos N.º 95 de Echarati.
Aprovechando su cargo en la Oficina de Adquisiciones, Marilia Pérez armó un trámite administrativo fraudulento para adjudicar de forma directa al empresario Máximo Valdivia la realización de un taller sobre prevención de incendios forestales por la suma de S/ 10 000. Para dar una apariencia de legalidad y competencia, la exfuncionaria validó un cuadro comparativo con dos cotizaciones ficticias: una de la empresa JVM Seguridad Industrial E.I.R.L. (del empresario beneficiado) por S/ 10 000, y otra de la firma Riesgo Cero Servicios Generales S.R.L. por S/ 12 500. Pérez otorgó la buena pro a la primera opción, ocultando deliberadamente que Valdivia era dueño de la ganadora y, a la vez, socio fundador de la supuesta competidora.
Pruebas científicas y registrales contundentes
El Ministerio Público logró quebrar la presunción de inocencia de la imputada mediante la presentación de tres elementos probatorios irrefutables:
- Peritaje Grafotécnico: Demostró científicamente que la firma y el sello del representante legal de la segunda empresa (Riesgo Cero Servicios Generales S.R.L.) eran completamente falsos.
- Reporte de Migraciones: Confirmó que el ciudadano al que le suplantaron la identidad para la supuesta competencia se encontraba fuera del territorio peruano en la fecha en que se emitió la cotización.
- Reporte de la SUNAT: Acreditó de forma tributaria que la empresa competidora ya había cesado de manera definitiva todas sus operaciones comerciales en el año 2013, un año antes de que se inventara el concurso público.
Con este veredicto, las autoridades judiciales sientan un importante precedente en la lucha contra el direccionamiento de fondos públicos en los municipios de la región Cusco.
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