La intervención se realizó en horas de la mañana
La Municipalidad Distrital de San Sebastián, en coordinación con el Ministerio Público y la Po-licía Nacional del Perú, clausuró el pasado martes 15 de julio dos terminales informales de transporte interprovincial que operaban sin autorización en puntos críticos del distrito. La intervención se realizó en horas de la mañana y forma parte de un plan de fiscalización para erradicar el transporte ilegal y garantizar la seguridad ciudadana.
Los terminales intervenidos estaban ubicados en la prolongación de la avenida de La Cultura, sin número —frente a la Sanidad de la Policía—, y en la avenida Las Flores, frente al local de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO). En ambos locales se encontraron vehículos listos para trasladar pasajeros hacia distintas localidades del Valle Sagrado, como Calca, Lamay, Coya y Pisac, sin contar con las licencias municipales ni con diciones mínimas de seguridad.
Uno de los establecimientos clausurados pertenecía a la empresa Mary Tours, que operaba de manera clandestina como terminal de embarque. Las autoridades procedieron a cerrar los accesos con soldadura y colocaron carteles visibles de clausura, advirtiendo a los propietarios sobre las consecuencias legales en caso de reincidencia.
Durante la intervención, el gerente de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones, abogado Juan Carlos Delgado Unda, enfatizó que en San Sebastián se hará respetar el principio de autoridad. “Señores conductores, no piensen que esto es la calle Puputi o la calle Pavitos. Aquí no vamos a permitir el transporte informal. Si quieren trabajar, deben tramitar su licencia”, expresó.
La subgerente de Fiscalización Comercial, abogada Ingrid Cruz Montesinos, advirtió que uno de los locales intervenidos contaba con una precaria estructura de metal, la cual representa un riesgo latente de colapso y podría ocasionar graves accidentes. En ese sentido, instó a los comerciantes y empresarios de transporte a cumplir con los requisitos legales para operar de forma segura.
Por su parte, la Fiscalía de Prevención del Delito exhortó a los transportistas a regularizar su situación y recordó que la prestación del servicio sin SOAT ni revisión técnica vigente puede constituir el delito de generación de peligro común en el transporte, sancionado con penas de entre uno y tres años de prisión. Asimismo, precisaron que reabrir los locales clausurados podría derivar en procesos por desobediencia y resistencia a la autoridad.
Destacaron que en la zona donde funcionaban los terminales informales se encuentran ubicadas varias instituciones educativas, lo que incrementa la necesidad de garantizar un entorno seguro para estudiantes y vecinos. Por ello, enfatizaron que no permitirán que se continúe poniendo en riesgo la vida de los vecinos por actividades ilegales. Además, aseguraron que seguirán con rigurosas labores de fiscalización y actuarán con firmeza contra quienes operen al margen de la ley.
Comentarios
Inicia sesión con Google para comentar.
Sé la primera persona en comentar.