Gerencia informa que existen ocupantes con deudas de hasta 3,500 dólares mensuales e incluso casos de varios años sin pago
La gerente general de la Sociedad de Beneficencia del Cusco, Mg. Reyna Loayza Mariaca, informó sobre la preocupante situación de morosidad detectada en varios inmuebles administrados por la institución. Según explicó, tras una revisión de los informes de bienes inmuebles y de asesoría legal, se identificó que 13 propiedades presentan ocupantes morosos o personas que permanecen en los predios sin un título vigente que justifique su permanencia.
Loayza Mariaca detalló que las deudas registradas oscilan entre 400 y 3,500 dólares mensuales, montos que se han acumulado no solo por uno o dos meses, sino en algunos casos por varios meses e incluso años, lo que viene afectando directamente los ingresos de la institución. La funcionaria precisó que, aunque la beneficencia es una entidad privada, sus bienes tienen tratamiento de bienes públicos, por lo que deben ser resguardados bajo esa normativa.
Ante esta situación, la entidad ha iniciado acciones administrativas para recuperar los predios y las deudas pendientes. “Se han empezado a remitir cartas a los ocupantes para sostener conversaciones directas y conocer las razones por las que continúan ocupando los inmuebles sin un título vigente”, indicó la gerente, señalando que el objetivo inicial es evaluar la posibilidad de llegar a acuerdos para el pago de las obligaciones atrasadas. Asimismo, informó que la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría General de la República ya han tomado conocimiento del caso.
Incluso, representantes del Ministerio Público acudieron meses atrás a recabar información sobre la falta de cobro de los alquileres y sobre la identidad de los ocupantes de los inmuebles, documentación que actualmente se encuentra en proceso de evaluación. La gerente también precisó que la Beneficencia cuenta con alrededor de 60 inmuebles, la mayoría ubicados en el Centro Histórico del Cusco, en zonas como Carmen Alto, calle Ayacucho, Portal Espinar y calle Heladeros.
En coordinación con la Procuraduría, la institución ya inició procesos civiles de desalojo contra algunos ocupantes, mientras que en otros casos se tramitan acciones legales por ocupación precaria, además de impulsar el saneamiento físico legal de las propiedades para facilitar su defensa jurídica
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