Asamblea Popular del Cusco emplaza notarialmente a gobernador regional por incumplir transferencia de la DDCC

La Asamblea Popular del Cusco emitió un emplazamiento notarial de carácter urgente contra el gobernador regional, Werner Salcedo Álvarez, cuestionando duramente su presunta inacción institucional para concretar la transferencia de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC-Cusco) a la administración del Gobierno Regional del Cusco.

A través del documento legal, la organización civil exige al mandatario regional abandonar la retórica de la descentralización y ejecutar acciones técnico-legales inmediatas ante el Ministerio de Cultura. Cabe precisar que este proceso de absorción institucional cuenta con el respaldo legal explícito de la Ordenanza Regional N.° 214-2022-CR/GR Cusco, una norma que hasta la fecha no ha sido materializada por el ejecutivo regional.

La crítica civil se agudiza al señalar que, mientras la gestión de Salcedo Álvarez mantiene una parálisis resolutiva, la DDC-Cusco continúa centralizada en Lima, sumida en severas crisis de ejecución presupuestal, paralización de proyectos de conservación arqueológica y constantes irregularidades en las plataformas oficiales de venta de boletos turísticos para la llaqta de Machu Picchu.

Ricardo Tevez, delegado oficial de la Asamblea Popular, enfatizó que la máxima autoridad regional tiene la obligación política y moral de transparentar su gestión. Por ello, el colectivo ciudadano le ha otorgado un plazo perentorio de diez (10) días hábiles para que rinda cuentas detalladas sobre qué trámites ha realizado, ante cuáles funcionarios del gobierno central los gestionó y cuál es el cronograma técnico definitivo para lograr la autonomía cultural de la región.

Finalmente, la organización advirtió de manera taxativa que, de expirar el plazo sin obtener una respuesta técnico-legal satisfactoria, procederán a interponer denuncias formales ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Congreso de la República para que se determinen las responsabilidades administrativas y penales por la presunta omisión de funciones del gobernador y su entorno de confianza.