La región Cusco concentró más del 69% del presupuesto total transferido por concepto de explotación de gas natural y petróleo.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reportó que las transferencias financieras a las regiones productoras por concepto de canon de hidrocarburos alcanzaron una cifra superior a los S/ 1,138 millones durante el periodo correspondiente a enero – junio del presente año fiscal. Este flujo presupuestal representa un importante soporte para dinamizar la inversión pública descentralizada.
La distribución oficial de los recursos ratificó la hegemonía productiva del sur del país. La región Cusco se ubicó en el primer lugar del ránking nacional al percibir un monto exacto de S/ 787.36 millones, impulsado principalmente por la continua extracción y comercialización del gas natural en los yacimientos de Camisea. [1]
Distribución por regiones productoras
Detrás de la región cusqueña, el reporte de transferencias del primer semestre posicionó a las siguientes circunscripciones costeras y amazónicas:
- Piura: Se consolidó en el segundo puesto gracias a la sostenida actividad petrolera y gasífera en sus lotes del norte peruano.
- Loreto: Ocupó la tercera casilla, captando recursos clave para el desarrollo de comunidades nativas colindantes a las zonas de explotación del crudo.
- Tumbes, Ucayali y la provincia constitucional del Callao: Completaron el mapa de asignaciones presupuestarias bajo este mismo concepto técnico-legal.
Destino obligatorio de los recursos financieros
Los fondos acumulados en este primer tramo del año fueron transferidos de manera directa por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las cuentas institucionales de los Gobiernos Regionales, municipalidades provinciales y distritales. De acuerdo con el marco normativo vigente, estos recursos deben priorizar el cierre de brechas sociales a través de obras de agua, saneamiento, conectividad vial y electrificación rural.
Asimismo, un porcentaje por ley fue asignado a las Universidades Nacionales e institutos tecnológicos públicos de cada jurisdicción. Estas entidades educativas tienen la obligación de utilizar el presupuesto asignado exclusivamente para el financiamiento de proyectos de investigación científica, innovación tecnológica y desarrollo de infraestructura universitaria que impacte positivamente en las comunidades locales
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