La Oficina de Integridad Pública exige neutralidad estricta ante los comicios de octubre
Con la mira puesta en garantizar la transparencia y la equidad en la contienda democrática, la Oficina de Integridad Pública e Interventor Preventor del Gobierno Regional del Cusco emitió un pronunciamiento oficial recordando las severas restricciones vigentes para todo el personal que labora en la administración pública durante el actual proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La jefatura de la entidad precisó que todos los funcionarios, directivos y servidores públicos, independientemente de su régimen laboral o contractual, tienen la obligación legal de cumplir estrictamente con el principio de neutralidad electoral. En consecuencia, deben abstenerse de realizar cualquier acto de proselitismo político a favor o en contra de las organizaciones y candidatos que participarán en los comicios programados para el mes de octubre.
Restricciones explícitas y uso de recursos públicos
La directiva institucional detalla que la normativa electoral peruana prohíbe taxativamente efectuar propaganda política o portar distintivos partidarios dentro y fuera de las instalaciones de las dependencias del Estado durante la jornada laboral. Asimismo, se remarcó la prohibición del uso indebido de los activos estatales para fines logísticos de campaña, lo cual incluye:
- Logística y movilidad: Utilización de camionetas, motocicletas, maquinarias o ambulancias pertenecientes a las municipalidades o al gobierno regional.
- Infraestructura y bienes: Uso de oficinas, salones de actos, computadoras, sistemas de internet, materiales de escritorio o servicios de fotocopiado institucionales.
- Recursos humanos: Disponer que trabajadores, locadores de servicios o personal de seguridad realicen pintas, pegado de afiches o asistencia obligatoria a mítines electorales.
Fiscalización y sanciones efectivas
La Oficina de Integridad Pública exhortó a los servidores a desempeñar sus funciones institucionales con absoluta imparcialidad, garantizando que el presupuesto y las herramientas públicas sean destinados de forma exclusiva al servicio de la ciudadanía y no al clientelismo partidario.
Finalmente, el organismo de control advirtió que cualquier ciudadano puede denunciar a los malos elementos del Estado que vulneren estas directivas. Las personas que incumplan las normas de neutralidad o sean sorprendidas utilizando fondos públicos con propósitos electorales serán sometidas de inmediato a Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD) orientados a la destitución e inhabilitación del cargo, sin perjuicio de derivar los casos ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público por el presunto delito de peculado de uso.
