Solicitan de manera oficial que se lleve a cabo una investigación en contra del alcalde de Urubamba, Ronald Vera y funcionarios ediles.
La denuncia penal presentada contra el alcalde de Urubamba, los miembros del comité y la Procuraduría no debe interpretarse como un mero acto político exagerado o como una reacción circunstancial sin fundamentos. Más bien, parece tratarse de una medida necesaria ante un proceso que, por la enorme cantidad de dudas acumuladas, ya no puede seguir ocultándose tras términos como «procedimiento», «autonomía municipal» o «criterio técnico».
El problema de fondo trasciende la posible toma de malas decisiones administrativas: radica en una pregunta más alarmante, ¿Actuó el comité como un organismo técnico e imparcial, o terminó siendo una herramienta que validaba decisiones previamente cocinadas?
Cuando un comité interviene en procesos tan relevantes como aquellos que tienen un impacto directo en los ámbitos económico, turístico y social, es inconcebible que su labor se limite a firmar documentos, seguir fórmulas vacías y mirar hacia otro lado. Los integrantes de semejante cuerpo tienen responsabilidades que pueden llegar incluso al ámbito penal si sus acciones contribuyeron a limitar la competencia, beneficiar intereses particulares o avalar decisiones sin sustento técnico.
Un comité no está ahí para cumplir con formalidades ni para añadir un barniz de legalidad a decisiones que ya han sido definidas unilateralmente. Su misión debería ser garantizar transparencia, objetividad, igualdad de oportunidades y un manejo técnico sólido que priorice siempre el interés público. Y si no cumplieron con este deber, deben rendir cuentas. Por eso es crucial que esta denuncia amplíe su enfoque, no solo hacia el alcalde sino hacia todos los partícipes en la elaboración, aprobación y ejecución del procedimiento señalado.
La situación es especialmente delicada debido al contexto: involucra una ruta tan estratégica y sensible como la que lleva a Hiram Bingham, y cualquier atisbo de manipulación o favoritismo debe erradicarse con rapidez y rigor. Estamos hablando de algo que no se puede tachar de insignificante; no se trata de un trámite administrativo de rutina ni de una simple compra pública. Esta decisión tiene implicaciones decisivas sobre el transporte turístico, la economía local, el acceso a Machu Picchu y los intereses de quienes compiten en un sector altamente lucrativo.
De este modo, si el comité diseñó reglas restrictivas que reducen la competitividad, ignoró advertencias clave, desechó opciones viables y más inclusivas o permitió irregularidades flagrantes en el proceso decisorio, entonces el papel de la Fiscalía tiene que ser incuestionable. Cada acta, informe, correo o votación debe ser minuciosamente revisado. Además, los responsables tendrán que dar explicaciones claras sobre por qué actuaron como lo hicieron. ¿Qué motivó exactamente las decisiones adoptadas por el comité? ¿Existía un respaldo técnico real o todo fue maquillado para avalar líneas políticas precondicionadas? ¿Por qué se optó por reglas específicas mientras que se desecharon otras alternativas más competitivas? ¿Por qué, pese a las observaciones y las posibles señales de alerta, dejaron correr el procedimiento? La administración pública no permite improvisaciones ni vanas excusas; mucho menos en procesos de esta magnitud. Aquí no caben motivaciones ambiguas ni justificativos deficientes; lo único que eso genera es desorden y sospecha. A su vez, esta investigación necesita evaluar si se trastocaron principios básicos que deben regir cualquier gestión pública responsable: legalidad, imparcialidad, transparencia, competitividad libre y equitativa, razonabilidad y la proscripción absoluta de la arbitrariedad. Cuando una autoridad o un órgano colegiado como este maneja decisiones públicas de alto impacto, no puede hacerlo bajo presunciones propias de quien administra un negocio particular. No estamos ante recursos privados; son bienes y oportunidades públicas que exigen una supervisión estricta y tienen como norte último el bienestar colectivo. Ahí radica la relevancia de la transparencia y la obligación ineludible de rendir cuentas. Lo público no admite cabos sueltos ni secretos; exige luz, vigilancia y responsabilidad en cada paso dado.
DENUNCIA La inclusión de la Procuraduría en la denuncia no solo se sustenta en fundamentos jurídicos, sino también en razones de carácter político-institucional. No es suficiente que la Procuraduría figure en los expedientes como un adorno burocrático ni que actúe únicamente cuando el escándalo ya ha estallado. Su verdadero papel radica en la defensa de los intereses del Estado y de las entidades públicas. Ante indicios de irregularidades, riesgos para el patrimonio municipal, posibles actos contrarios a la Ley de Competencia o decisiones perjudiciales para el interés público, la Procuraduría está obligada a actuar con diligencia, recabar información, señalar responsabilidades y, si corresponde, promover acciones legales.
Por ello, es legítimo solicitar una investigación que abarque la conducta de la Procuraduría. No se trata necesariamente de presuponer la comisión de un delito, sino de esclarecer si cumplió o no con su deber de proteger jurídicamente al Estado. Si tuvo conocimiento de los hechos y optó por guardar silencio, o si disponiendo de elementos para intervenir permaneció inactiva, permitiendo que un proceso potencialmente irregular siguiera adelante sin cuestionar decisiones sospechosas, entonces su proceder requiere ser revisado. La omisión, en este caso, podría ser tan grave como la acción misma cuando existe el mandato legal de intervenir.
Una Procuraduría pasiva ante presuntas irregularidades abdica de su misión protectora y se convierte en un mero observador. Sin embargo, el Estado no necesita espectadores inertes; requiere procuradores proactivos que investiguen, documenten y denuncien ante cualquier riesgo al interés público. Por esta razón, incluir a la Procuraduría en la denuncia no es un acto exagerado; es indispensable para delimitar por completo las responsabilidades involucradas. La denuncia resulta adecuada porque desafía los habituales intentos de minimizar este tipo de situaciones con justificativos genéricos como «fue un tema técnico», «todo se hizo conforme a la ley», «fue decisión del comité» o «la Procuraduría no tenía participación». Ese tipo de discursos ya no puede amparar las dudas razonables que surgen en casos como este. Frente a dichas dudas, no es correcto encubrir a los funcionarios implicados; lo apropiado es abrir investigaciones, analizar documentos y comunicaciones, examinar las actas correspondientes y establecer quién tomó las decisiones, quién las respaldó, quién se abstuvo de actuar y quién se benefició.
PROCESO CONTAMINADO La ciudad de Urubamba tiene derecho a saber si este proceso fue íntegro o si se vio viciado desde adentro. Merece conocer si el comité actuó como un garante de legalidad o como una fachada administrativa. Es su derecho saber si la Procuraduría realmente cumplió con su rol de defensa del Estado o si simplemente permaneció al margen mientras surgían problemas. También merece saber si detrás de un procedimiento aparentemente formal se oculta una decisión orientada a favorecer intereses específicos. Llevar a cabo una investigación no debería considerarse una amenaza para la institucionalidad; al contrario: es un esfuerzo por preservarla y redignificarla. Lo que erosiona la confianza ciudadana no son las denuncias ni el escrutinio público, sino el silencio cómplice que encubre irregularidades; no es la supervisión exhaustiva, sino las prácticas de encubrimiento; no es exigir respuestas, sino aceptar que los procesos públicos se manejen entre comités permisivos, procuradurías inoperantes y autoridades que creen que con una firma pueden disipar cualquier sospecha. Por todo ello, esta denuncia no solo resulta oportuna, sino imperiosa. Porque cuando un comité se percibe más como una coartada administrativa que como un órgano técnico, y cuando la Procuraduría parece ausente en vez de cumplir su función defensora del Estado, la intervención del Ministerio Público se convierte en una obligación democrática.
